El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado un paquete de nueve medidas contra Israel, que incluyen desde un embargo total de armas hasta restricciones diplomáticas y comerciales, así como un aumento millonario de fondos para la Autoridad Palestina y la UNRWA. Entre ellas destacan la prohibición de importar productos de asentamientos, el cierre de puertos y espacio aéreo a Israel, así como la restricción de entrada al territorio español a ciudadanos israelíes vinculados al conflicto.
Estas decisiones se presentan bajo el argumento de “defender los derechos humanos” en Gaza, pero la realidad es que España se coloca como juez y parte en un conflicto complejo, mientras ignora el derecho legítimo de Israel a defenderse de organizaciones terroristas como Hamás, que utilizan a civiles como escudos humanos y lanzan ataques indiscriminados contra población inocente.
La paradoja es evidente: un Gobierno que presume de ética internacional mientras en su propia casa acumula problemas sociales y económicos graves —sanidad colapsada, desempleo juvenil, pensiones en riesgo, déficit público disparado— y cuya credibilidad está en entredicho por tener a miembros y aliados políticos imputados por casos de corrupción y financiación irregular.
¿Con qué autoridad moral puede Sánchez dar lecciones al mundo cuando su propio Ejecutivo está cuestionado judicial y políticamente? En vez de atender los problemas que sufren millones de españoles, el presidente prefiere invertir su energía en “medidas ejemplarizantes” hacia un Estado democrático como Israel, aliado histórico de Occidente y único país de Medio Oriente donde existen instituciones sólidas, libertad religiosa y elecciones libres.
Además, mientras España exige un bloqueo total contra Israel, mantiene negocios millonarios con Rusia, comprando petróleo y gas a un régimen que lleva más de tres años atacando brutalmente a Ucrania. La incoherencia y la doble moral de la política exterior española resultan evidentes: mano dura contra Israel, permisividad con Moscú.
Israel no pide favores; exige respeto a su derecho a existir y a defender a sus ciudadanos frente a quienes buscan su destrucción. Lo que sí debería pedirse a España es coherencia, transparencia y que antes de “meter las narices en el extranjero” se ocupe de los problemas internos que ahogan a su sociedad.
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