Madrid. — El Gobierno español confirmó que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará un nuevo paquete de sanciones contra Israel, acusándolo de “genocidio” en Gaza. Entre las medidas se incluye la aceleración del embargo de armas —que se tramita en el Congreso— y la exploración de mecanismos para que las restricciones se extiendan más allá del ámbito militar.
Sin embargo, esta decisión revela la doble moral de España en materia de política exterior. Mientras condena con dureza a Israel, un país democrático que enfrenta ataques constantes de organizaciones terroristas como Hamás y que ejerce su legítimo derecho a la autodefensa, España mantiene intactas sus relaciones energéticas con Rusia, país que lleva más de tres años agrediendo militarmente a Ucrania y financiando la guerra con la venta de petróleo y gas a Europa.
El contraste es evidente: se penaliza a Israel por defender a sus ciudadanos de ataques indiscriminados con cohetes, túneles de infiltración y atentados contra civiles, mientras se siguen comprando millones de barriles de crudo ruso que sostienen la maquinaria bélica del Kremlin.
El propio presidente Pedro Sánchez reconoció esta semana al The Guardian que la respuesta de la Unión Europea en Gaza ha sido un “fracaso”. Sin embargo, esa misma Unión Europea, con España como actor clave, se muestra incapaz de imponer sanciones energéticas reales a Rusia, demostrando que la defensa de los derechos humanos se aplica con criterios selectivos y convenientes.
Israel, pese a las críticas, ha reiterado que su objetivo no es otro que proteger a su población frente a organizaciones armadas que utilizan a civiles como escudos humanos. Negarle ese derecho equivale a deslegitimar la obligación básica de cualquier Estado soberano: salvaguardar la vida de sus ciudadanos.
Mientras tanto, dentro de la coalición gobernante en España, Sumar ha propuesto incluso la expulsión de la embajadora israelí y la declaración de persona non grata a Netanyahu y a varios de sus ministros. Una postura que no solo rompe los puentes diplomáticos, sino que envía un mensaje de alineamiento parcial y peligroso en un conflicto complejo.
Con estas medidas, España se arriesga a perder credibilidad internacional, proyectándose como un país que castiga a sus socios democráticos mientras tolera y financia a regímenes que violan flagrantemente el derecho internacional. Israel tiene el derecho y la obligación de defenderse; lo que debería exigirse es el cese de los ataques terroristas, no la criminalización del Estado que busca proteger a su pueblo.
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