La relación entre Estados Unidos y Venezuela atraviesa uno de sus momentos más delicados en años recientes, tras la designación del denominado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera y el despliegue militar ordenado por Washington en el Caribe. Esta decisión ha desencadenado consecuencias diplomáticas, económicas y operativas que ya se sienten en varios países de la región, particularmente en el ámbito aéreo.
El gobierno del presidente Donald Trump mantiene un conjunto de sanciones sectoriales y personales contra la administración de Nicolás Maduro, medidas que podrían ampliarse aún más tras esta nueva calificación. Caracas insiste en que se trata de una estrategia para promover un cambio de gobierno y ha rechazado enérgicamente las acusaciones, calificándolas de “fabricaciones políticas”.
Mientras tanto, la inestabilidad derivada del aumento de operaciones militares en aguas del Caribe ha generado una reacción inmediata en la aviación comercial. Siete aerolíneas internacionales suspendieron sus rutas hacia Venezuela atendiendo a la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA), que recomendó extremar precauciones debido al deterioro de las condiciones de seguridad y al incremento de actividades militares en el espacio aéreo venezolano y sus alrededores.
La situación también ha impactado a países vecinos. En Colombia, autoridades aeronáuticas informaron que alrededor de 1.500 pasajeros han sido afectados por las cancelaciones de vuelos entre Bogotá y Caracas. Mientras compañías como Latam y Avianca paralizaron temporalmente sus operaciones, otras aerolíneas regionales han decidido mantener sus itinerarios habituales, aunque bajo monitoreo continuo de las condiciones de seguridad.
Ante este escenario, la autoridad aérea colombiana ha reforzado sus sistemas de vigilancia y coordinado reuniones con operadores de la región para definir medidas que permitan mitigar riesgos y reactivar rutas de manera gradual.
La tensión geopolítica también ha provocado pronunciamientos en el ámbito político. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó que no respalda al gobierno de Maduro, pero rechazó categóricamente cualquier escenario de intervención militar. Según señaló, las acciones de Washington están influenciadas por los intereses estratégicos vinculados al sector energético venezolano, y abogó por una salida negociada y pacífica a la crisis institucional del país vecino.
Mientras persisten las advertencias, las sanciones y el movimiento de tropas en el Caribe, la incertidumbre continúa afectando a la región, que observa con cautela la evolución de un conflicto diplomático con implicaciones directas sobre la seguridad aérea, la estabilidad fronteriza y el panorama geopolítico hemisférico.
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