La controversia surgida tras la denuncia de un cliente contra la empresa estatal Cubacar continúa escalando y ha adquirido dimensión internacional, luego de que el afectado emprendiera acciones legales fuera de Cuba y gestionara solicitudes de sanciones ante autoridades estadounidenses. El caso, conocido públicamente desde meses atrás, sigue generando inquietud entre viajeros y observadores del sector turístico.
Según la denuncia, el incidente ocurrió en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde el cliente acusó a la funcionaria Arais Alonso, vinculada a Cubacar, de intentar cobrar 1.200 dólares por daños que —según sostiene— ya existían en un vehículo rentado. Desde la publicación inicial, otros usuarios han relatado experiencias similares en redes sociales, lo que refuerza la percepción de posibles irregularidades en determinados servicios turísticos.
El afectado asegura además haber sido informado de la existencia de una denuncia en su contra en Cuba por presuntas injurias y perjurio tras hacer pública su reclamación. A su juicio, recurrir a este tipo de acusaciones contra quien denuncia un presunto abuso constituye una burla y un intento de desacreditar la queja, lo que, según especialistas del sector, puede afectar la confianza de los viajeros en los mecanismos institucionales de reclamación.
Como respuesta, el cliente decidió iniciar acciones legales internacionales. Según documentación a la que CubaHeraldtuvo acceso, se presentó una demanda civil ante el Distrito de Columbia, en Estados Unidos, vinculada a los hechos denunciados. Asimismo, el propio afectado indicó que en los próximos días prevé presentar otra demanda ante un tribunal en Madrid, con el objetivo de ampliar las vías legales disponibles para esclarecer responsabilidades.
De forma paralela, también se presentó una solicitud ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos invocando disposiciones del Cuban Assets Control Regulations (31 CFR 515.209), para evaluar posibles sanciones o medidas financieras contra los presuntos implicados.
La polémica ha estado acompañada además por cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés dentro de Cubacar, debido a vínculos familiares señalados entre la funcionaria denunciada y directivos de la entidad en La Habana. Hasta ahora, la ausencia de explicaciones públicas o medidas visibles ha mantenido activo el debate sobre transparencia y protección al consumidor en el sector turístico.
Analistas consideran que situaciones de este tipo pueden impactar la percepción internacional sobre la seguridad jurídica y la confianza en los servicios turísticos cubanos, un elemento clave en un momento complejo para la industria del país. La evolución de los procesos judiciales y la respuesta institucional serán determinantes para el alcance final de este caso.
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