Un tribunal municipal de la capital cubana ha iniciado un proceso judicial contra dos empleados de la refinería «Ñico López», tras su presunta responsabilidad en el derrame de más de 280 mil litros de gasolina en la Bahía de La Habana, un incidente que ha generado una profunda preocupación ambiental y económica. La información fue divulgada por medios oficiales, que atribuyen el desastre a la omisión de los protocolos establecidos para la manipulación del combustible.
El suceso tuvo lugar durante una operación rutinaria de descarga de gasolina tipo B-90, cuando los imputados, actuando como operarios de la planta, habrían ignorado los procedimientos técnicos requeridos para el trasvase del hidrocarburo desde un buque hacia los tanques de almacenamiento terrestre. Esta negligencia, según las autoridades, resultó en la liberación de una gran cantidad de combustible al ecosistema marino de la capital cubana.
La Fiscalía sostiene que los acusados incurrieron en el delito de «incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas del Estado», tipificado en el Artículo 302 del Código Penal vigente. De acuerdo con esta normativa, los responsables podrían enfrentar sanciones que oscilan entre seis meses y dos años de privación de libertad, o el pago de multas de entre 200 y 500 cuotas.
Las repercusiones del derrame no se limitan al ámbito judicial. Las pérdidas económicas directas se estiman en más de cinco millones de pesos cubanos, una cifra significativa en un contexto de persistente crisis económica. Además del impacto financiero, persisten las preocupaciones por las consecuencias medioambientales a corto y largo plazo. La Bahía de La Habana, ya afectada por décadas de contaminación industrial, se enfrenta ahora a una nueva amenaza que podría agravar su ya delicado equilibrio ecológico.
Aunque los medios oficiales no revelaron la identidad de los acusados, la cobertura del caso por parte del canal local Canal Habana evidencia el interés estatal en abordar públicamente situaciones que comprometen el patrimonio económico y ambiental del país, probablemente como un intento de fortalecer la percepción de responsabilidad institucional.
Este episodio reabre el debate sobre la necesidad urgente de modernizar las infraestructuras energéticas en Cuba, así como de fortalecer la capacitación y supervisión del personal técnico que opera en instalaciones críticas. Mientras tanto, la sociedad civil y sectores ambientalistas han comenzado a exigir mayor transparencia sobre las consecuencias del derrame y los planes de remediación a seguir.
La evolución del juicio podría sentar precedentes importantes para la gestión de la responsabilidad individual en el contexto de la administración estatal, en una nación donde los recursos materiales y naturales requieren, más que nunca, una protección rigurosa y sistemática.
