La Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó la primera Ley del Sistema de Atención a las Quejas y Peticiones de las Personas, una normativa que promete organizar y agilizar el proceso de atención a las inquietudes ciudadanas. Este marco legal busca unificar los procedimientos, reducir los plazos de respuesta y garantizar que las instituciones den respuestas claras y responsables, en línea con lo establecido en la Constitución de 2019.
Sin embargo, a pesar de las promesas de esta nueva legislación, muchos ciudadanos expresan escepticismo sobre su impacto real. Durante años, las quejas y peticiones de la población han enfrentado el silencio o la indiferencia de las autoridades, dejando a muchas personas sin respuestas concretas. Este historial de insatisfacción genera dudas sobre si esta ley realmente logrará resolver el problema de fondo o si será una nueva estructura formal sin efectos tangibles.
La normativa establece plazos más cortos para la atención a los ciudadanos y responsabilidades específicas para los funcionarios encargados de responder. Aun así, en los barrios y comunidades del país, persiste la percepción de que muchas quejas caen en el olvido, particularmente aquellas relacionadas con problemas de infraestructura, servicios básicos y asuntos de interés colectivo.
Con la entrada en vigor de la ley, queda por verse si las instituciones estatales estarán a la altura de las expectativas de la población, logrando convertir el sistema en una herramienta efectiva para la solución de problemas. Los ciudadanos, cansados de largas esperas y respuestas vacías, esperan que esta medida no sea solo un compromiso en el papel, sino un cambio palpable en su día a día.
