En un reciente informe del medio estatal Cubadebate, se ha revelado que 113 reclusos fueron utilizados para concluir la zafra azucarera de 2023 en Cuba, ante la notable falta de personal dispuesto a trabajar en el sector. Esta medida se ha tomado en respuesta a la necesidad de cumplir con las metas de producción establecidas, en un contexto donde las áreas agrícolas han experimentado una baja participación laboral.
Julio García Pérez, presidente del grupo empresarial Azcuba, destacó la importancia de la colaboración entre el gobierno, el partido y las empresas para mejorar la eficiencia de la zafra. «Todos debemos buscar soluciones para desarrollar la zafra. Debemos unirnos desde ahora para la próxima», declaró. Según García Pérez, el déficit de mano de obra llevó a que 16,000 hectáreas de caña de azúcar no fueran cosechadas a tiempo, lo que resultó en una producción afectada de aproximadamente 750,000 toneladas y daños a las plantaciones existentes.
La utilización de la población penal en trabajos agrícolas no es una práctica nueva en Cuba. Recientemente, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, la violación de derechos laborales a personas privadas de libertad en la isla, quienes son empleadas en tareas de producción intensiva, como la elaboración de carbón vegetal para exportación bajo condiciones que calificaron de «inhumanas».
Esta situación ha suscitado críticas y denuncias internacionales previas, señalando a empresas estatales cubanas por promover y utilizar el trabajo forzoso, en un entorno donde, según el OCDH, las condiciones legales y de supervisión gubernamental permiten la persistencia de estas prácticas sin medidas correctivas efectivas.
El informe del OCDH también destaca que provincias como Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey son las más afectadas por estas prácticas, con un número significativo de reclusos forzados a trabajar bajo amenazas de castigos severos si no cumplen con las tareas asignadas. En resumen, casi mil reclusos en la isla están sometidos a condiciones de trabajo forzoso, lo que plantea serias cuestiones sobre la protección de los derechos humanos y laborales en el contexto cubano.
