El Tribunal Supremo de España ha dictado una sentencia que marca un hito en la reciente historia judicial del país: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue declarado culpable de un delito de revelación de datos reservados vinculados a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La resolución, aprobada por mayoría de la Sala II, establece una inhabilitación especial de dos años para ejercer el cargo de fiscal general del Estado, así como el pago de una multa de 7.200 euros, calculada en 12 meses con una cuota diaria de 20 euros. Además, García Ortiz deberá indemnizar con 10.000 euros a González Amador por los daños morales derivados de la divulgación de información protegida.
El fallo fue respaldado por cinco de los siete magistrados, mientras que se anticipa la presentación de dos votos particulares por parte de magistradas que discreparon del criterio mayoritario. La sentencia subraya la gravedad atribuida a la difusión de datos que, por su naturaleza, debían haber permanecido bajo estricta reserva institucional.
El caso ha generado un considerable impacto político y jurídico, al involucrar a una de las figuras más relevantes del Ministerio Fiscal. La condena también abre la puerta a un debate sobre los límites de la transparencia institucional, las garantías de privacidad y la necesidad de preservar la integridad de los procedimientos en los que intervienen autoridades de alto nivel.
El proceso judicial se seguirá de cerca en los próximos días, especialmente en torno a las consecuencias administrativas que derivarán de esta condena y a los posibles recursos que puedan ser planteados.
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