MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) –
El Defensor del Pueblo ha reclamado al Ministerio del Interior información porque la Secretaría de Estado de Seguridad «carece por completo de información estadística sobre personas transexuales detenidas». En su informe de 2023, además, alude a recomendaciones sobre cacheos y asegura que Instituciones Penitenciarias sí «asumió los criterios» tras entrar en vigor la Ley trans 4/2023.
En su informe, consultado por Europa Press, la oficina que dirige Ángel Gabilondo se refiere a las personas transexuales en las prisiones para constatar que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del interior, «asumió los criterios de recogida de datos y reconocimiento de identidad de sexo» con la entrada en vigor de dicha ley.
«A diferencia de lo que ocurre en el ámbito penitenciario, la Secretaría de Estado de Seguridad carece por completo de información estadística sobre personas transexuales detenidas, por lo que el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) le formuló una recomendación, que está pendiente de contestación», señala el defensor.
En el informe del Defensor del Pueblo de 2023, la oficina se refiere a los cacheos para recordar que en 2022 el MNP recomendó a la Secretaría de Estado de Seguridad que «se consigne en la cadena de custodia el sexo de la persona que cachea en todos los casos, junto a su número de identificación profesional».
ELECCIÓN EN CACHEOS
También recomendaba que se recoja en la cadena de custodia y atestado el «ofrecimiento» a las personas transexuales de la posibilidad de escoger ser cacheados por agente varón o mujer.
«La Secretaría de Estado de Seguridad recibió la resolución asumiendo que el contenido de ambas resoluciones será tenido en cuenta para su estudio en el marco de la elaboración del procedimiento integral de la detención policial».
Cabe recordar que el pasado 18 de enero el Ministerio del Interior actualizó su protocolo de detención policial mediante la Instrucción 1/2024, haciendo una serie de modificaciones con especial atención a «colectivos vulnerables», entre los que se refería a personas LGTBI, transexuales y menores, para los que exige «máximo respeto y erradicación de cualquier situación que pueda suponer discriminación».
MUJERES INTIMIDADAS Y DISCRIMINADAS
El Defensor del Pueblo alude en un apartado a la «carencia de personal de seguridad femenino en contacto con las personas privadas de libertad», y dice textualmente que las mujeres en comisaría manifiestan sentirse «intimidadas por el hecho de estar detenidas en espacios donde la inmensa mayoría son hombres».
Acto seguido, insta a aumentar el personal femenino en los centros de menores y también en las cárceles. «La falta de funcionarias en los módulos de las prisiones provoca una discriminación en el trato a las mujeres internas, al impedir la separación interior, su estancia en enfermería o en el departamento de ingresos, entre otros casos», sostiene.
En este sentido, recuerda que el MNP recomendó a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acciones positivas para aumentar su número, pero que dicha recomendación no fue aceptada en 2023.
Otro aspecto abordado es el de la formación, en este caso para señalar que la Administración penitenciaria sí accedió a las recomendaciones del MNP sobre la obligación de que quienes trabajan en centros penitenciarios y de menores infractores, así como en lugares de custodia, dispongan de este tipo de formación «transversal sobre perspectiva de género y protección integral contra las violencias sexuales».
