El Ayuntamiento de Madrid ha impuesto una sanción al exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, por exceder el límite de aforo permitido en la Taberna Garibaldi, el establecimiento que gestiona en el barrio de Lavapiés. El local habría acogido a 55 personas, cuando su capacidad autorizada es de 45.
Según reporta Europa Press, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, confirmó la aplicación de la multa durante una comparecencia ante los medios celebrada en el estadio de Vallehermoso. En sus declaraciones, el regidor subrayó que Iglesias, como cualquier otro ciudadano, está sujeto al cumplimiento de las normas vigentes, especialmente en lo relativo a la seguridad en espacios públicos y privados.
«Pablo Iglesias no está por encima de la ley», manifestó Almeida, quien recalcó que cualquier establecimiento que supere el aforo estipulado será objeto de sanción administrativa, independientemente de la persona que lo gestione o de su relevancia pública. El alcalde ironizó además sobre la campaña de financiación colectiva que Iglesias mantiene activa, sugiriéndole que destine esos fondos al pago de la multa impuesta por el consistorio.
Las declaraciones del alcalde se producen en un contexto de creciente escrutinio sobre la actividad pública y empresarial de antiguos dirigentes políticos, especialmente aquellos que han optado por un perfil más mediático tras su paso por la administración. La Taberna Garibaldi, lugar escogido recientemente por Iglesias para la presentación de su libro Enemigos íntimos, ha estado en el centro de atención mediática no solo por su vínculo con el exlíder de Podemos, sino también por la concurrencia de actos de carácter político y cultural en su interior.
El expediente sancionador abierto por el área de seguridad y emergencias del Ayuntamiento seguirá los cauces reglamentarios establecidos. Por el momento, no se ha precisado el importe exacto de la multa, aunque podría beneficiarse de una reducción por pronto pago, conforme a lo establecido en la normativa municipal.
Este incidente reabre el debate sobre la responsabilidad legal y administrativa de figuras públicas que, tras abandonar la política institucional, mantienen una notable presencia en la vida social y cultural de la ciudad.
