Un alarmante incremento en la falsificación de documentos eclesiásticos ha sido denunciado por el Archivo Diocesano de Ourense, en Galicia, en el contexto del elevado número de solicitudes para adquirir la nacionalidad española bajo el amparo de la Ley de Memoria Democrática (LMD), conocida popularmente como Ley de Nietos. Según han advertido las autoridades de ese archivo, en Cuba se ha desarrollado un mercado negro para la venta de partidas de nacimiento, certificados de defunción y fe de bautismo, esenciales para iniciar el proceso de nacionalización, con precios que alcanzan entre 2.000 y 3.000 euros por ejemplar.
Pablo Cid, responsable del Archivo Diocesano ourensano, aseguró a la prensa local que el fenómeno ha disparado las alarmas tras detectarse irregularidades en los documentos presentados por solicitantes cubanos. Las exigencias adicionales que comenzaron a solicitarse desde el Consulado español en La Habana —como la firma del vicario además de la del director del archivo— condujeron a las autoridades a sospechar de posibles manipulaciones. “Nos dimos cuenta de que estaban circulando documentos falsificados emitidos supuestamente por nosotros”, declaró Cid.
El hallazgo pone en evidencia no solo la creatividad de redes ilegales que aprovechan las lagunas administrativas, sino también la desesperación de miles de cubanos que ven en la nacionalidad española una puerta de salida a la crítica situación socioeconómica que atraviesa el país. Mientras el Archivo Diocesano cobra apenas 10 euros por la localización y envío oficial de cada documento, en el mercado clandestino estos mismos papeles alcanzan cifras prohibitivas. Esta diferencia ha encendido las alertas no solo por el perjuicio económico, sino por las implicaciones legales y éticas que rodean al proceso.
A esta red se suman también intermediarios legales, como algunos bufetes de abogados especializados en trámites migratorios, quienes cobran sumas adicionales —entre 200 y 300 euros— para gestionar directamente las solicitudes con el archivo. Aunque estas prácticas son legales, han sido cuestionadas por inflar artificialmente los costos para quienes tienen poco margen económico.
El aumento de estas prácticas fraudulentas coincide con la inminente expiración del plazo para acogerse a la LMD, previsto para octubre de este año, lo que ha provocado una carrera contrarreloj entre los descendientes de españoles interesados en tramitar su ciudadanía. De acuerdo con cifras recientes, cerca de 300.000 cubanos han iniciado ya este proceso, cifra que coloca a la isla entre los países con mayor número de solicitudes, a pesar de no formar parte del Convenio de la Apostilla de La Haya, lo que añade complejidades adicionales a la validación de documentos oficiales.
El caso de los descendientes de españoles nacidos antes de 1871 —fecha en la que se instituyeron los registros civiles en España— presenta otro obstáculo, al requerir documentos religiosos conservados en archivos parroquiales. En muchos casos, estos documentos han sido destruidos o extraviados por causas naturales o conflictos históricos, lo que obliga a los solicitantes a presentar certificados negativos o pruebas indirectas de filiación.
La situación expone un fenómeno más amplio: la nacionalidad como vía de escape. En medio del éxodo migratorio que vive Cuba, la obtención de un pasaporte español no solo representa una conexión simbólica con la historia familiar, sino también una solución práctica frente a la escasez, la inflación y la incertidumbre que afectan a millones de cubanos. La nacionalidad española, además de derechos políticos, garantiza el acceso a movilidad, empleo y residencia dentro de la Unión Europea, lo que convierte este recurso legal en una tabla de salvación frente al naufragio económico.
Aunque el gobierno español no ha emitido aún un pronunciamiento oficial sobre estas denuncias específicas, se espera que se refuercen los mecanismos de verificación documental, especialmente en consulados ubicados en países con alta demanda. Para muchos solicitantes, este endurecimiento podría significar un nuevo muro burocrático; para otros, una oportunidad menos susceptible a la corrupción. En cualquier caso, la creciente presión sobre los archivos históricos españoles deja entrever que las políticas migratorias del siglo XXI no solo se juegan en fronteras físicas, sino también en los anaqueles polvorientos de iglesias centenarias.
