El Gobierno de Estados Unidos amplió este lunes su ofensiva financiera contra estructuras vinculadas al poder político y militar cubano al sancionar oficialmente a la Dirección de Inteligencia de Cuba y a nueve altos funcionarios civiles y militares de la Isla, en una nueva medida adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Las sanciones fueron aplicadas bajo la nueva Orden Ejecutiva 14404, firmada el pasado 1 de mayo por el presidente Donald Trump, y colocan a los designados dentro de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo que implica el bloqueo de bienes e intereses económicos bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibiciones generales para realizar transacciones con ciudadanos, empresas o instituciones financieras de Estados Unidos. Entre los funcionarios incluidos aparecen la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín; el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde; el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández; y el dirigente del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda.
La lista también incorpora a altos mandos militares como José Miguel Gómez del Vallín, Joaquín Quintas Solá, Eugenio Armando Rabilero Aguilera y Raúl Villar Kessell, todos identificados dentro del programa sancionatorio CUBA-EO14404. Sin embargo, uno de los movimientos más significativos fue la inclusión de la Dirección de Inteligencia de Cuba, conocida también como DGI o G2, considerada históricamente uno de los pilares más sensibles del aparato de seguridad e inteligencia del Estado cubano tanto dentro como fuera de la Isla.
OFAC actualizó además registros previos relacionados con la Policía Nacional Revolucionaria y el Ministerio del Interior, incluyendo referencias a la nueva orden ejecutiva dentro de expedientes ya vinculados al programa Global Magnitsky. La medida llega pocos días después de otra ronda de sanciones emitida el 7 de mayo contra figuras y entidades relacionadas con el conglomerado militar y empresarial cubano, entre ellas GAESA y Moa Nickel S.A., ampliando progresivamente la presión financiera estadounidense sobre sectores estratégicos de la economía y la seguridad cubana.
La nueva ofensiva ocurre en medio de una profunda crisis económica y social dentro de Cuba, marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos y deterioro de servicios básicos. Mientras el Gobierno cubano suele responsabilizar a las sanciones estadounidenses por buena parte de la situación interna, críticos dentro y fuera de la Isla sostienen que el peso del aparato militar sobre la economía, la centralización estatal y la falta de reformas estructurales han agravado las dificultades diarias de la población. Para Washington, las medidas buscan aumentar el costo financiero y diplomático de estructuras consideradas clave para el control interno del país, en un escenario de creciente tensión bilateral entre ambos gobiernos.
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