El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha presentado cargos contra más de 320 personas en relación con un extenso esquema de fraude en el sistema de salud, en lo que ha sido calificado como el mayor operativo coordinado contra estafas médicas en la historia del país. Según las autoridades, los delitos descubiertos suman un total de 14.600 millones de dólares en reclamaciones falsas, cifra que duplica el récord anterior de este tipo de acciones judiciales.
Los casos, revelados desde el pasado 9 de junio, incluyen casi 190 procesos federales y más de 90 casos estatales, y han derivado en la incautación de más de 245 millones de dólares en efectivo, vehículos de lujo, criptomonedas y otros activos relacionados. Alrededor de 100 profesionales médicos con licencia, incluidos 25 médicos, figuran entre los acusados.
El operativo, que abarca investigaciones de alcance internacional, ha identificado redes delictivas operando desde Rusia, Europa del Este, Pakistán y otros países, con vínculos directos a operaciones dentro del sistema de salud estadounidense.
“Estos criminales no sólo robaron dinero del sistema, le robaron directamente al contribuyente que financia los programas de salud pública con su trabajo y esfuerzo”, declaró Matthew Galeotti, jefe de la división criminal del DOJ, durante una conferencia de prensa en Washington.
Uno de los casos más emblemáticos es el de un esquema de facturación fraudulenta relacionado con catéteres urinarios, valorado en 10.000 millones de dólares, donde los perpetradores utilizaron testaferros extranjeros para adquirir empresas de suministros médicos en EE.UU. Posteriormente, con identidades robadas y datos de salud confidenciales, presentaron reclamaciones falsas a Medicare, el programa federal que brinda cobertura médica a personas mayores y con discapacidad.
Esta operación, bautizada como “Fiebre del Oro”, ha llevado hasta el momento a 19 personas imputadas, incluyendo cuatro arrestos en Estonia y otros siete detenidos en aeropuertos estadounidenses y en la frontera con México. Según el Departamento de Justicia, se vieron afectadas más de un millón de personas cuyos datos personales fueron utilizados sin consentimiento.
“No se trata de actores menores ni improvisados”, señaló Mehmet Oz, director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. “Estamos hablando de organizaciones delictivas estructuradas y transnacionales, con medios para ejecutar estafas a gran escala”.
Las autoridades destacaron que este tipo de fraude no solo tiene un impacto económico directo, sino que también erosiona la confianza pública en el sistema de salud, y afecta la disponibilidad de recursos para quienes realmente los necesitan.
El DOJ continúa con las investigaciones, y ha reiterado que seguirá actuando con firmeza contra cualquier intento de manipular o explotar los programas de atención médica pública.
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