La Administración de Donald Trump anuló el 20 de febrero los aranceles a países que enviaban petróleo a Cuba, tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que cuestionó su base legal. Sin embargo, Washington mantiene vigente la emergencia nacional respecto a Cuba.
El cambio deriva de una decisión judicial que estableció que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al presidente a imponer aranceles comerciales. Como consecuencia, la Casa Blanca revocó parcialmente la orden ejecutiva firmada el 29 de enero, que había diseñado un mecanismo para penalizar a terceros países que suministraran combustible a la isla.
En la práctica, la nueva orden elimina el sistema arancelario adicional destinado a disuadir los envíos de petróleo hacia Cuba. No obstante, el documento oficial subraya que otras medidas adoptadas bajo la política estadounidense hacia La Habana permanecen intactas, incluida la declaración formal de emergencia nacional.
Desde el punto de vista jurídico y comercial, la decisión implica un reajuste más técnico que político. La Corte Suprema reafirmó que la potestad de crear aranceles corresponde al Congreso, limitando el margen del Ejecutivo para utilizar sanciones comerciales bajo la IEEPA. Este precedente podría influir en futuras políticas de sanciones económicas estadounidenses.
En términos geopolíticos, la eliminación de estos aranceles no significa necesariamente un relajamiento general de la presión estadounidense sobre Cuba. La continuidad de la emergencia nacional deja abierta la posibilidad de nuevas medidas por otras vías legales, lo que indica que la política hacia la isla sigue siendo un asunto activo en la agenda de Washington.
Para Cuba, el efecto inmediato podría traducirse en un menor costo indirecto para los países que suministran combustible, aunque el acceso real al petróleo continuará condicionado por factores económicos, diplomáticos y por el entramado más amplio de sanciones existentes.
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