La crisis migratoria cubana continúa profundizándose. Este viernes, un nuevo vuelo de deportación desde Estados Unidos arribó al Aeropuerto Internacional José Martí, con 130 migrantes irregulares cubanos a bordo —106 hombres y 24 mujeres—, como parte de los acuerdos migratorios bilaterales entre La Habana y Washington.
Con esta operación, ya se han contabilizado cinco vuelos de repatriación aérea desde EE. UU. en lo que va de 2025, y un total de 19 devoluciones migratorias desde distintos países de la región, sumando 587 personas retornadas a la isla este año.
Las autoridades cubanas informaron que cinco de los repatriados fueron enviados directamente a investigación, al haber abandonado el país mientras se encontraban en libertad condicional, lo que podría acarrear consecuencias legales más severas bajo la actual normativa interna.
El gobierno cubano reiteró su “compromiso con una migración regular, segura y ordenada”, sin mencionar detalles sobre el destino legal de los retornados. Sin embargo, diversas organizaciones independientes han denunciado que muchos de estos ciudadanos regresan esposados, estigmatizados y considerados como delincuentes, a pesar de haber huido de condiciones precarias y represivas.
La situación pone en evidencia los efectos colaterales de la política migratoria estadounidense. La administración del expresidente Joe Biden, al establecer programas como el parole humanitario sin ofrecer una vía de regularización amplia y efectiva, permitió un éxodo sin precedentes de casi un millón de cubanos, muchos de los cuales hoy se enfrentan a la deportación y al limbo legal.
Mientras la crisis humanitaria y económica persiste en la isla, miles de cubanos siguen buscando rutas de escape. Sin embargo, las puertas de regreso, lejos de significar un reinicio, representan para muchos el retorno a un sistema del que intentaron huir a toda costa.
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