El Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó públicamente la nueva ofensiva de las autoridades cubanas contra la prensa independiente, señalando que este tipo de acciones responde a un intento de desviar la atención de la grave crisis económica que atraviesa el país. La declaración fue emitida a través del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental y se suma al creciente escrutinio internacional sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba.
En un mensaje difundido en X, Washington expresó que “rechaza los continuos ataques contra periodistas independientes”, afirmando que el Gobierno cubano busca “distraer de su mala gestión económica, la corrupción y sus políticas fallidas”. Aunque el pronunciamiento no mencionó de forma directa al medio elToque, la coincidencia temporal con la campaña oficial contra ese proyecto informativo dejó clara la conexión.
Durante las últimas semanas, las autoridades de la Isla han acusado a elToque de “tráfico de divisas”, “evasión fiscal” y de participar en un supuesto programa de “guerra económica”, alegaciones que han sido amplificadas por medios estatales como Razones de Cuba, Granma y Cubadebate. Parte del discurso oficial también apunta a que el medio ejercería un “terrorismo económico” al publicar una tasa informal de cambio, a lo que responsabilizan de “crear inestabilidad”.
El director de elToque, José Jasán Nieves, respondió a estas acusaciones y afirmó que el proyecto se financia con aportes de donantes privados y con fondos destinados a iniciativas de acceso a la información, apoyo que, según explicó, no interfiere en su línea editorial. En declaraciones a EFE, Nieves rechazó los señalamientos y cuestionó el uso de términos como “terrorismo económico”, calificándolo como una estrategia para “fabricar un chivo expiatorio” en un momento de amplia fragilidad económica en el país.
Nieves también denunció que materiales presentados en la televisión estatal incluirían fragmentos de interrogatorios coercitivos realizados en Villa Marista, presuntamente bajo “tortura psicológica” y editados para sustentar un caso penal que se investiga desde 2024. Estas afirmaciones han intensificado la preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que alertan sobre el aumento de presiones contra periodistas no alineados con el discurso oficial.
La ofensiva ocurre después de la entrada en vigor de la Ley de Comunicación Social en octubre de 2024, normativa que, según informes de la LatAm Journalism Review, ha desencadenado “una ola de represión” contra medios alternativos. Los reporteros denuncian censura, amenazas, interrogatorios y acusaciones de “mercenarismo”, lo que ha elevado el nivel de hostigamiento hacia el sector.
Desde el Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), su director Normando Hernández calificó este nuevo ciclo represivo como una dinámica orientada a “infundir miedo” y empujar a los periodistas a abandonar su labor informativa. A su juicio, las autoridades buscan consolidar un ambiente donde cualquier crítica pueda ser presentada como delito.
En este contexto, el Gobierno cubano refuerza un patrón de criminalización de voces críticas mientras el país continúa enfrentando una crisis económica que limita su capacidad de respuesta y alimenta el malestar social. La postura de Estados Unidos añade presión internacional a un escenario ya marcado por tensiones políticas, mediáticas y sociales.
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