El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves la cancelación del estatus de residencia permanente legal de la ciudadana cubana Adys Lastres Morera, quien posteriormente fue arrestada y quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según un comunicado oficial del Departamento de Estado, la medida fue tomada por instrucciones directas de Rubio debido a presuntos vínculos familiares con figuras asociadas al conglomerado militar cubano GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.).
Las autoridades estadounidenses identificaron a Adys Lastres Morera como hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, sancionada recientemente por Washington por su papel como presidenta ejecutiva de GAESA, considerado por Estados Unidos como el principal conglomerado financiero controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.
En el comunicado, Rubio acusó a GAESA de controlar importantes recursos económicos en Cuba mientras la población enfrenta apagones, escasez de alimentos, combustible y medicamentos.
El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó además que administraciones anteriores permitieron que familiares de funcionarios y estructuras vinculadas a gobiernos considerados adversarios de Estados Unidos residieran en territorio estadounidense mientras mantenían presuntos vínculos con actividades consideradas contrarias a la seguridad nacional.
“Si amenazas la seguridad nacional de Estados Unidos, no habrá lugar en este mundo —mucho menos en nuestro país— donde tú y tus asociados puedan vivir con privilegios”, expresó Rubio en la declaración oficial.
El comunicado también menciona que la medida forma parte de una política más amplia impulsada por la administración del presidente Donald Trump dirigida contra familiares de figuras vinculadas a gobiernos sancionados o estructuras señaladas por Washington.
Hasta el momento no se habían divulgado públicamente detalles adicionales sobre el proceso migratorio o judicial relacionado con Adys Lastres Morera ni posibles cargos penales en su contra.
La decisión se produce en medio de un nuevo endurecimiento de las tensiones entre Washington y La Habana, marcado por recientes sanciones económicas, acusaciones judiciales y declaraciones de altos funcionarios estadounidenses contra estructuras vinculadas al Gobierno cubano.
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