La Administración del presidente Donald Trump anunció una nueva ronda de sanciones contra organismos, estructuras de movilización política y empresas controladas por el Estado cubano, en otra escalada de la política de presión económica adoptada por Washington contra La Habana.
Entre las entidades incluidas aparece el Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR), una designación especialmente significativa por tratarse del organismo encargado de dirigir uno de los sectores que históricamente ha generado mayores ingresos en divisas para la economía de la isla.
La medida también alcanza a las Brigadas de Respuesta Rápida y las Milicias de Tropas Territoriales, organizaciones utilizadas por las autoridades cubanas para movilizar partidarios del Gobierno y reforzar el control interno. Las Brigadas de Respuesta Rápida han sido señaladas durante años por opositores y organizaciones de derechos humanos por su participación en actos de repudio, hostigamiento y acciones contra manifestantes.
Según la información divulgada, la lista incluye además a la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, el Grupo Empresarial del Comercio Exterior, el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario, la organización empresarial Caudal y las compañías estatales ANTEX, COREYDAN y ENETEC.
Las designaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros implican generalmente el bloqueo de los bienes que las entidades sancionadas posean bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar determinadas transacciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos. También elevan considerablemente el riesgo para bancos, inversionistas y socios extranjeros que mantengan relaciones comerciales con las organizaciones señaladas.
La nueva ofensiva se produce después de varias rondas de medidas contra dirigentes cubanos, instituciones estatales y compañías asociadas al conglomerado militar GAESA, al que Washington acusa de controlar sectores estratégicos y utilizar los ingresos nacionales para sostener al aparato político y de seguridad. En mayo y junio, Estados Unidos ya había impuesto sanciones contra empresas militares, bancos, compañías logísticas y altos funcionarios cubanos.
El Gobierno estadounidense sostiene que estas acciones buscan afectar directamente a las estructuras que respaldan a las autoridades cubanas, y no a la población. La Habana, por su parte, afirma que el endurecimiento de las restricciones agrava la escasez, dificulta las operaciones financieras y perjudica servicios esenciales. Naciones Unidas también ha advertido sobre el impacto de las sanciones en las condiciones de vida de los ciudadanos, mientras la Casa Blanca defiende que sus objetivos son los dirigentes y entidades responsables de sostener el sistema político.
La inclusión del Ministerio de Turismo podría aumentar las dificultades para atraer inversiones, procesar pagos internacionales y mantener contratos con operadores extranjeros. El sector ya atraviesa una fuerte contracción debido a los apagones, la escasez de combustible, el deterioro de las instalaciones y la creciente presión financiera de Estados Unidos.
Esta nueva ronda confirma que Washington no está limitando su estrategia a sancionar figuras individuales. La presión se extiende ahora sobre los organismos encargados de producir divisas, administrar el comercio exterior, controlar los puertos y movilizar estructuras políticas dentro de Cuba, aumentando el aislamiento de un aparato estatal que enfrenta una de sus crisis económicas más profundas.
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