La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro publicó el 25 de febrero de 2026 una nueva directriz regulatoria que facilita licencias para vender petróleo venezolano al sector privado en Cuba, manteniendo restricciones hacia entidades estatales.
La medida se formalizó mediante la FAQ 1238, documento que aclara el marco legal para empresas interesadas en comercializar combustible con actores privados cubanos. La política se fundamenta en la estrategia de Washington de diferenciar entre la población cubana y las instituciones estatales, especialmente las vinculadas a estructuras gubernamentales y militares.
El cambio regulatorio se conecta con recientes transformaciones en el sector petrolero venezolano. Tras reformas que abrieron parcialmente la industria energética a inversión privada, Estados Unidos había autorizado previamente operaciones amplias con petróleo venezolano, aunque inicialmente excluía cualquier transacción relacionada con Cuba.
Con la nueva aclaración, las empresas podrán solicitar autorizaciones específicas para reventa o suministro de combustibles hacia el sector privado cubano, siempre que las operaciones no beneficien a entidades incluidas en listas restrictivas estadounidenses. Esto incluye organizaciones vinculadas al aparato estatal, militar o de inteligencia.
Desde el punto de vista económico, la decisión llega en medio de una grave crisis energética en Cuba, marcada por escasez de combustible, apagones prolongados y dificultades logísticas en transporte, producción de alimentos y servicios esenciales. El posible acceso a combustibles mediante canales privados podría aliviar parcialmente esas tensiones, aunque expertos señalan que el impacto dependerá de la capacidad real del sector privado para importar y distribuir esos recursos.
También persisten interrogantes regulatorias para la industria energética internacional, especialmente sobre financiamiento, transporte marítimo y cumplimiento de normativas comerciales. La clarificación legal busca precisamente reducir incertidumbre sin implicar un levantamiento general de sanciones.
El alcance práctico de la medida dependerá ahora de la respuesta empresarial, de las condiciones del mercado petrolero regional y de la evolución de la política bilateral entre Estados Unidos, Venezuela y Cuba.
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