Las autoridades cubanas han condenado a 19 individuos, incluidos 13 hombres y seis mujeres, por su participación en delitos de trata de menores ocurridos entre 2022 y 2024, según un informe publicado por el diario estatal Granma. Las sentencias, que varían entre tres y 20 años de prisión, fueron dictadas tras la investigación de 14 casos relacionados con este delito, los cuales involucraron a niñas menores de edad como víctimas.
El informe subraya que la baja incidencia de estos crímenes en Cuba es resultado de las estrategias de prevención y enfrentamiento implementadas por el Estado, así como de la inexistencia de redes delictivas organizadas en el país. Estos esfuerzos forman parte del Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento de la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas (2022-2024), que busca fortalecer las medidas de sanción y atención a las personas afectadas.
El gobierno cubano ha reiterado su postura de «Tolerancia Cero» hacia cualquier forma de trata de personas y ha destacado la colaboración con organizaciones internacionales como INTERPOL y las Naciones Unidas para combatir este delito. A las víctimas, especialmente aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad, como menores de edad y personas con discapacidad, se les ha brindado atención especializada.
A pesar de estos esfuerzos, un informe reciente del Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene a Cuba en el Nivel 3 de alerta, la categoría más alta, por no cumplir con los estándares mínimos internacionales para la eliminación de la trata de personas. Este nivel de alerta refleja, según el informe, la falta de acciones significativas por parte del gobierno cubano, que además ha sido señalado por permitir prácticas de trabajo forzoso.
En respuesta a estas acusaciones, la administración del presidente Joe Biden ha anunciado sanciones contra Cuba, que estarán vigentes hasta que el gobierno cubano demuestre avances en la lucha contra la trata de personas y cumpla con los estándares internacionales.
En mayo de este año, también se dictaron condenas en Cuba contra siete personas –cinco hombres y dos mujeres– por su participación en actividades vinculadas al tráfico de personas y la falsificación de documentos migratorios. Estas sentencias, que oscilan entre cinco y 28 años de prisión, forman parte de los esfuerzos de las autoridades para combatir estos crímenes.
