El Gobierno de Estados Unidos publicó este miércoles en el Registro Federal la designación de Miguel Díaz-Canel, varios integrantes de su entorno familiar y cinco instituciones cubanas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, conocida como Lista SDN.
La publicación no incorpora nuevos sancionados, sino que da publicidad formal a las medidas adoptadas el pasado 4 de junio por el Departamento de Estado bajo la Orden Ejecutiva 14404. Las personas y entidades señaladas ya figuraban desde esa fecha en la lista administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
El documento establece que todos los bienes e intereses en propiedades pertenecientes a los designados que se encuentren en Estados Unidos, o bajo posesión y control de personas estadounidenses, quedan bloqueados. Las transacciones con ellos también están generalmente prohibidas, salvo que exista una autorización de la OFAC.
Además de Díaz-Canel, fueron incluidos Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro; Raúl Alejandro Castro Calis; Lis Cuesta Peraza, esposa del mandatario cubano; y Manuel Anido Cuesta, hijo de Cuesta Peraza. Washington justificó las designaciones por sus vínculos con el Gobierno cubano o por su condición de familiares adultos de personas sancionadas.
Entre las instituciones incorporadas aparecen el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la agencia Amistur Cuba S.A. y la empresa Minera La Victoria S.A.
El Departamento de Estado identificó al MINFAR y al ICAP como organismos o dependencias del Gobierno cubano. En el caso de los CDR, sostuvo que actúan directa o indirectamente en nombre de las autoridades de la isla, mientras que Amistur fue sancionada por estar controlada por el ICAP. Minera La Victoria fue señalada por operar en el sector cubano de los metales y la minería.
La inclusión en la Lista SDN tiene consecuencias que pueden extenderse más allá del territorio estadounidense. Bancos, compañías y operadores internacionales suelen revisar este registro antes de procesar pagos o mantener relaciones comerciales, debido al riesgo de que una operación tenga conexión con el sistema financiero de Estados Unidos.
Washington presentó las medidas de junio como parte de una estrategia para presionar a estructuras políticas, militares y económicas que considera responsables de respaldar actividades contrarias a los intereses estadounidenses. El Gobierno cubano, por su parte, suele calificar este tipo de sanciones como medidas coercitivas dirigidas a intensificar la presión económica sobre el país.
La publicación en el Registro Federal confirma que las designaciones entraron en vigor el 4 de junio de 2026, aunque el aviso administrativo fue publicado oficialmente el 5 de agosto. El documento quedó registrado como el aviso público 13079 del Departamento de Estado.
Fuentes: Registro Federal de Estados Unidos y Oficina de Control de Activos Extranjeros
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