El gobierno de Cuba ha decidido suspender temporalmente la implementación de topes de precios a productos esenciales como el pollo, la leche en polvo, y otros bienes vendidos por el sector privado, medida que estaba prevista para entrar en vigor este lunes. Esta decisión ocurre en un contexto de fuertes críticas hacia la eficiencia gubernamental y amenazas de cierre por parte de las pequeñas y medianas empresas (mipymes), quienes argumentan que dicha medida es insostenible bajo las actuales condiciones económicas.
La medida, que se anunció en diversas reuniones con representantes de mipymes y en varios medios no oficiales, proponía precios máximos para productos de consumo cotidiano en distintos municipios del país. Sin embargo, tras las reacciones adversas del sector privado y la evaluación continua por parte de las autoridades, los planes de topes de precios quedaron en suspenso, según confirmaron fuentes en la Dirección de Inspección de Pinar del Río.
El sector privado ha manifestado su descontento, argumentando que la imposición de topes de precios sin considerar el entorno económico actual y las restricciones en el mercado podría llevarlos al cierre, una situación que el gobierno no puede permitirse en medio de una grave crisis económica. Esta postura es compartida por economistas y expertos que cuestionan la efectividad de los controles de precios como herramienta económica bajo las actuales condiciones de mercado en Cuba.
Entre tanto, la población expresa su preocupación por la alta inflación y los precios elevados que continúan afectando su capacidad de compra, incluso con los anunciados topes. Los productos involucrados en esta medida incluyen, además de los ya mencionados, aceite vegetal, salchichas, pastas y detergentes, con precios que, según proyecciones, superan las capacidades de muchos hogares cubanos.
En un intento por calmar las aguas, el gobierno ha anunciado que se mantendrá en diálogo con las formas de gestión no estatal para establecer precios que sean sostenibles tanto para los comerciantes como para los consumidores. A su vez, se ha confirmado que se están realizando ajustes al plan económico del país y al presupuesto estatal de 2024 para responder a lo que han denominado condiciones de «economía de guerra».
La viceministra primera de Economía, Mildrey Granadillo de la Torre, indicó que la política de precios será inclusiva y equitativa para todos los sectores económicos, prometiendo igualdad de condiciones entre el sector estatal y el no estatal. Sin embargo, el impacto de estas medidas y su implementación efectiva siguen siendo una cuestión pendiente y fuente de crítica hacia la gestión gubernamental actual.
