Detención de Cien Adolescentes en Protestas en Venezuela es Denunciada por ONG

En las recientes protestas contra la reelección de Nicolás Maduro, diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han denunciado serias irregularidades y violaciones de derechos en las detenciones efectuadas por el régimen venezolano.

La ONG Foro Penal ha informado que hasta el momento, 1,102 personas han sido detenidas en el contexto de las manifestaciones, incluyendo a 100 adolescentes y cinco indígenas. Según los registros de esta organización, las detenciones han tenido lugar en casi todas las regiones del país, reflejando la intensa represión ejercida por el gobierno desde el 29 de julio hasta el 6 de agosto de 2024, en respuesta a las acusaciones de fraude electoral.

Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, declaró a la agencia Efe que la mayoría de los detenidos enfrentan cargos de «terrorismo», una acusación recurrente del régimen para criminalizar la disidencia.

Carlos Trapani, coordinador general de la ONG Cecodap, también comunicó a Efe que las detenciones de los menores presentan numerosas irregularidades. Entre ellas, destaca el traslado de los adolescentes a comandancias policiales o sedes militares en lugar de instalaciones especializadas para menores, y el incumplimiento de los plazos legales para su presentación ante los tribunales. Algunos de los detenidos han permanecido más de 24 horas sin conocer las razones de su detención, una práctica que viola los procedimientos legales establecidos.

Los familiares de los detenidos han denunciado el uso excesivo de violencia física y psicológica durante los arrestos, así como la falta de comunicación entre los adolescentes y sus representantes legales. En particular, se ha reportado el caso de un menor de 13 años entre los detenidos, lo cual contraviene la legislación venezolana que establece la inimputabilidad de los menores de 14 años.

Estas denuncias resaltan la grave situación de los derechos humanos en Venezuela, y ponen de manifiesto las preocupaciones sobre el uso de la justicia como herramienta de represión política por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

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