Un hecho de robo de combustible ocurrido dentro de una instalación clave en Matanzas ha vuelto a poner bajo escrutinio el deterioro de los controles internos y la crisis de responsabilidades en sectores estratégicos del país. Dos trabajadores de la UEB Comercializadora de Combustible, Terminal 320, fueron sorprendidos mientras extraían gasolina directamente de los depósitos que tenían a su cargo.
Los implicados fueron identificados como Marcial Rudelay Cancino Ochoterena, jefe de turno, y Ernesto Mesa Méndez, custodio de la instalación. Ambos fueron detectados en horas de la madrugada cuando ya tenían 25 litros de gasolina almacenados en bolsas plásticas, presuntamente listos para ser sustraídos del lugar.
El incidente resulta especialmente significativo por tratarse de una instalación esencial para el abastecimiento de combustible en la provincia, en un contexto marcado por la escasez crónica. La situación ha generado una fuerte reacción social, no solo por el delito en sí, sino por la paradoja de que los responsables de proteger un recurso críticofiguren entre quienes lo desvían.
Más allá del caso puntual, el suceso ha reabierto un debate recurrente entre ciudadanos y especialistas. Por un lado, se exige la aplicación de sanciones conforme a la ley; por otro, se señala que el problema trasciende a los individuos detenidos y responde a salarios insuficientes, debilidades estructurales en los sistemas de control y una cadena de responsabilidades que rara vez se investiga en niveles superiores.
Datos oficiales han reconocido en ocasiones que las pérdidas diarias por desvíos de combustible pueden alcanzar volúmenes significativos, con participación de distintos actores dentro de la cadena operativa. Sin embargo, persiste la percepción de que las consecuencias legales recaen mayormente en los eslabones más visibles, mientras otros responsables permanecen fuera del foco público.
En un país donde el combustible condiciona el transporte, la distribución de alimentos y la generación eléctrica, cada litro sustraído tiene un impacto directo en la vida cotidiana. El caso de Matanzas vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: si el problema es solo de quienes roban o de un sistema que permite que el desvío de recursos se vuelva una práctica recurrente.
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