Agentes de la Policía Nacional han detenido a trece personas en las ciudades de Madrid y Valencia como presuntas responsables de un complejo entramado empresarial que defraudó más de 1.300.000 euros a la Seguridad Social, según reporta Europa Press.
La operación, coordinada con la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia, se inició tras detectarse prácticas irregulares en una empresa y otras entidades asociadas, con actividad en los sectores de la seguridad privada y la medicina estética, concretamente en injertos capilares.
De acuerdo con la información policial, la red estaba liderada por un matrimonio con residencia en España, que habría montado un esquema de 17 sociedades —algunas reales y otras meramente instrumentales— para ocultar beneficios, eludir obligaciones fiscales y simular operaciones comerciales. El grupo utilizaba testaferros, en muchos casos personas vulnerables, que figuraban formalmente como administradores de las empresas sin ejercer funciones reales. Estas personas habrían accedido a colaborar a cambio de compensaciones simbólicas, mientras los verdaderos responsables operaban en la sombra.
Las autoridades sostienen que, a través de estas sociedades, se desarrollaban constantes operaciones ficticias, cambios de administradores y modificaciones en las actividades empresariales, todo con el fin de eludir responsabilidades legales y diluir el rastro de los titulares reales. Parte de los beneficios eran transferidos a sociedades patrimoniales, dos de las cuales se encuentran a nombre de la madre de una de las principales investigadas. Estas entidades acumularían activos millonarios, incluyendo vehículos de lujo.
La Policía Nacional atribuye a los detenidos presuntos delitos contra la Seguridad Social y de frustración en la ejecución, en lo que considera un caso representativo de fraude empresarial estructurado y de alta sofisticación. El proceso de investigación, que continúa abierto, ha sido descrito por las autoridades como «especialmente complejo» debido al volumen de sociedades implicadas y al uso sistemático de personas interpuestas.
Este caso vuelve a poner en foco las carencias de control sobre las sociedades pantalla y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención del fraude fiscal en España, especialmente en sectores económicos con alto margen de beneficio y escasa trazabilidad contable.
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