Según reporta Europa Press, la Guardia Civil ha desmantelado una red criminal que operaba desde España, robando y falsificando vehículos para su venta en mercados internacionales. Este grupo, que tenía conexiones en varios países, incluyendo Mauritania, Senegal, Polonia y Ucrania, ha visto la detención de 25 de sus miembros tras una extensa investigación.
La operación, llamada ‘Z-Babilonia’, se inició en noviembre de 2021 después de que se descubriera la transferencia de vehículos robados desde Madrid hacia un puerto francés. Los coches, principalmente híbridos de alta gama, eran equipados con placas y documentos de identidad vehicular falsificados, los cuales eran alterados mediante software desarrollado por la propia organización para evadir las medidas de seguridad estándar de los fabricantes.
Los líderes de la operación, dos ciudadanos marroquíes residentes en Málaga y Madrid, coordinaban la selección de los vehículos a robar basándose en la demanda del mercado y proveían las herramientas necesarias para modificar los vehículos. Estos coches pasaban por un período de «enfriamiento» para asegurar que los sistemas de geolocalización dejaran de funcionar antes de modificar físicamente sus registros y características identificativas.
Posteriormente, los vehículos eran transportados por carretera a Francia utilizando empresas españolas y lituanas, para luego ser embarcados hacia África o conducidos a Polonia, donde se reintroducían en el mercado como vehículos de segunda mano.
Colaboración Internacional Clave para el Éxito de la Operación
El éxito de la operación ha sido el resultado de la colaboración entre varios países y el apoyo de Eurojust y Europol, destacando la participación activa de las autoridades francesas y polacas. En Francia, se identificó a un ciudadano mauritano como el principal responsable de la coordinación de la falsificación documental y la logística de embarque de los vehículos hacia África. Su principal colaborador, un marroquí residente en Bruselas, gestionaba personalmente los incidentes relacionados con el robo y transporte de los vehículos.
Este caso resalta la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, especialmente en un contexto globalizado donde las redes criminales pueden operar a través de fronteras con relativa facilidad. La desarticulación de esta red no solo impide la distribución de vehículos ilegales sino que también protege a los consumidores de adquirir bienes fraudulentos.
