Una ciudadana cubana identificada en redes sociales como Yenisey González denunció públicamente un presunto caso de fraude inmobiliario y corrupción institucional relacionado con la pérdida de una vivienda familiar en la provincia de Artemisa, asegurando que lleva más de un año intentando obtener respuesta de las autoridades cubanas sin resultados.
Según la denuncia difundida en Facebook, la afectada afirma haber presentado en varias ocasiones documentación y pruebas ante distintas instituciones estatales, incluida la Fiscalía General de la República, para impugnar un poder notarial que considera falso y que habría sido utilizado para autorizar la venta o permuta de la vivienda familiar.
La mujer señala directamente a una notaria pública identificada como Arais Hernández Loyola, quien, según su versión, otorgó validez legal a un documento fraudulento que posteriormente permitió activar trámites en notarías, bufetes colectivos, oficinas de vivienda y registros estatales.
En la publicación, González asegura además que más de una decena de funcionarios tuvieron acceso al expediente sin detectar irregularidades o sin actuar para frenar el supuesto fraude. También cuestiona que la Dirección Provincial de Justicia de Artemisa haya considerado “correcto” el proceder de la notaria involucrada.
La denunciante sostiene que posee documentos notariales previos que reconocen derechos hereditarios sobre la vivienda y que, a su juicio, contradicen directamente el poder utilizado posteriormente en las operaciones legales relacionadas con la propiedad.
El caso ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios cubanos han vuelto a debatir sobre presuntos hechos de corrupción, lentitud judicial y falta de transparencia en algunos procesos vinculados a la propiedad de viviendas en Cuba.
En su mensaje, González afirma que entre los afectados se encuentran un anciano de 93 años, una mujer y una menor de edad, y acusa a las autoridades de retrasar deliberadamente el proceso judicial mientras continúan sin ofrecer una solución definitiva.
Hasta el momento no existe una respuesta pública oficial de la Fiscalía General de la República ni de las instituciones mencionadas en la denuncia sobre las acusaciones realizadas por la ciudadana.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el creciente número de denuncias ciudadanas relacionadas con conflictos de propiedad, falsificación de documentos y supuestas irregularidades administrativas dentro del sistema legal cubano, un tema que genera cada vez más debate público dentro y fuera de la Isla.
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