VARADERO — Una reciente denuncia publicada por el medio digital La Tijera ha sacado a la luz serias acusaciones de corrupción, favoritismo y manejo indebido de recursos en la sucursal de la empresa estatal Cubacar, ubicada en el polo turístico de Varadero. El reporte señala a varios funcionarios, encabezados por el director José Ramón Pérez Salazar, como responsables de una estructura interna que, presuntamente, opera al margen de los controles administrativos y legales establecidos.
De acuerdo con el medio, Pérez Salazar, quien ocupa el cargo de director desde hace más de tres años, contaría con respaldo familiar y político que le ha permitido sostenerse en el puesto a pesar de múltiples señalamientos. Entre ellos, se incluye el presunto uso personal de vehículos de renta, la adquisición de bienes sin justificación patrimonial clara, y el nombramiento de colaboradores cercanos en posiciones estratégicas. La publicación también alude a conexiones familiares con figuras de alto perfil, lo cual habría contribuido a evitar consecuencias ante anteriores investigaciones.
Los trabajadores mencionados en la denuncia formarían parte de una red que, según el informe, se beneficia de privilegios internos, incluyendo el uso de recursos de la empresa para fines particulares. Entre las prácticas descritas se encuentran el desvío de combustible, la venta irregular de piezas de repuesto y la manipulación de inventarios. La situación ha generado preocupación entre empleados que, según se afirma, han sido apartados o sancionados al oponerse a estas prácticas.
Uno de los casos señalados con mayor detalle es el de Dunia García, subdirectora técnica, quien habría sido implicada en un proceso de auditoría por la desaparición de componentes de vehículos bajo su custodia. Aunque la fiscalía local habría iniciado una investigación, esta no habría prosperado, presuntamente por la intervención directa del director de la sucursal.
La Tijera también menciona otros nombres como Walmer Villanueva, Genaro, Rolando «Papo», José Jorge y Katia Otero, todos ellos descritos como beneficiarios de un sistema de impunidad interna. Se señala, por ejemplo, que algunos empleados conducen vehículos de alquiler de forma ilegal, manipulan asignaciones de piezas y utilizan su acceso a recursos logísticos para fines personales o comerciales.
El reportaje recuerda un caso similar documentado por nuestro medio en La Habana, donde la funcionaria Aráis Alonso fue denunciada por intentar cobrar de forma indebida 1.200 dólares a un turista extranjero, hecho desató una ola de críticas en redes sociales.
El caso se suma a una serie de denuncias ciudadanas sobre comportamientos impropios en instituciones estatales, lo que pone de relieve la necesidad de mecanismos más eficaces de control, fiscalización y rendición de cuentas. En tanto, la opinión pública continúa atenta al desarrollo de los acontecimientos en la sucursal de Cubacar en Varadero.
