La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, coordinan una de las mayores respuestas ante emergencias ambientales en la región luego de que una serie de incendios forestales descontrolados en la Sierra Oeste obligara a la declaración de emergencia de interés nacional.
Los principales focos activos, avivados por condiciones meteorológicas extremas e intensas rachas de viento, han unificado sus frentes afectando gravemente a municipios como Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Navas del Rey y Pelayos de la Presa, sumando miles de hectáreas calcinadas y amenazando con fusionarse con los fuegos activos en la provincia de Ávila.
Díaz Ayuso, quien catalogó el desastre como la peor emergencia por fuego en la historia reciente de la autonomía, realiza el seguimiento del operativo desde el mando unificado para gestionar el despliegue de los servicios regionales de bomberos y la asistencia del Estado en la salvaguarda de vidas e infraestructuras.
El impacto de la catástrofe ha alcanzado a más de 40.000 ciudadanos entre desalojados y confinados, además de dejar numerosos inmuebles destruidos, importantes vías como la M-501 cortadas al tráfico y un severo daño ambiental en el ecosistema forestal del oeste madrileño.
El escenario operativo coincide con un clima de tensión política marcado por las discrepancias entre las Administraciones sobre el momento de la activación de recursos estipulados y la celeridad en los protocolos de respuesta institucional.
En cuanto a la estrategia de contención, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha asumido la dirección operativa desplegando cortafuegos tácticos y quemas controladas, apoyada por más de 650 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea para incorporar medios aéreos de extinción internacionales.
Foto: Europa Press
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