Yarinel Martínez Maqueira, un ciudadano cubano implicado en un violento triple asesinato ocurrido en La Paz, Bolivia, fue descrito por su abogada como contratado para proteger el dinero involucrado en una transacción. El incidente, que culminó en la muerte de tres personas, ha conmocionado a la comunidad local y plantea interrogantes sobre la seguridad y legalidad de las transacciones monetarias en contextos informales.
Mónica Irusta, la abogada defensora, explicó que Martínez fue empleado para resguardar 700,000 bolivianos destinados a una supuesta venta de dólares. Según la letrada, el cubano recibió una oferta de 10,000 bolivianos por su rol en el procedimiento, subrayando que no buscaba la liberación de su cliente, sino una distinción clara en su nivel de participación en los hechos.
Los eventos desafortunados se desencadenaron el 24 de agosto cuando Martínez, junto con tres bolivianos, se encontraba en camino a Los Yungas, supuestamente para realizar la transacción. Las autoridades afirman que los sospechosos asesinaron a Verónica Aguirre, Domingo Santos Mamani y José Luis Vargas, ejecutándolos con disparos en la cabeza y cortes adicionales en el cuello.
En una reciente audiencia, la justicia boliviana decidió enviar a los acusados a prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones. La abogada de Martínez insiste en que la evidencia balística, que se espera en un mes, será crucial para determinar el grado exacto de implicación de cada sospechoso. Este elemento podría ser decisivo para esclarecer quién disparó el arma que terminó con la vida de las víctimas.
Este caso destaca los peligros inherentes a las transacciones de gran valor fuera de los canales regulados y pone de relieve la necesidad de medidas de seguridad más estrictas para proteger a todas las partes involucradas en este tipo de operaciones.
