Las advertencias contra el uso y la distribución de equipos Starlink han vuelto a ganar espacio en medios y perfiles oficialistas cubanos, que presentan el servicio de internet satelital como una amenaza a la seguridad nacional. El discurso contrasta con la profunda crisis de telecomunicaciones que atraviesa el país y con las posibilidades que esta tecnología podría ofrecer a zonas con conexiones deficientes o intermitentes.
Una nueva publicación difundida en redes sociales cercanas a la narrativa oficial cubana advierte sobre severas consecuencias para quienes introduzcan, comercialicen o faciliten el funcionamiento de Starlink en Cuba, incluyendo penas de prisión de entre tres y ocho años, decomisos de equipos y otras sanciones.
El mensaje, lejos de abordar las posibilidades que ofrece el internet satelital para un país donde las comunicaciones sufren frecuentes interrupciones, describe a Starlink como parte de una supuesta estrategia de “guerra híbrida” destinada a crear una red de comunicaciones fuera del control de las autoridades cubanas.
La postura no es completamente nueva. En abril de 2025, el periódico oficial Granma publicó que los equipos Starlink no podían utilizarse legalmente en Cuba sin autorización estatal y argumentó que no existían los acuerdos necesarios entre operadores extranjeros y las autoridades nacionales para prestar ese servicio.
Sin embargo, hay una precisión jurídica importante. El artículo 295.1 de la Ley 151/2022, Código Penal cubano, efectivamente establece penas de tres a ocho años de prisión para quien, sin autorización legal, “dirija, organice, distribuya, obtenga lucro o financie” la difusión de señales satelitales u otros servicios públicos de telecomunicaciones. El apartado siguiente aplica la misma sanción a quien comercialice o distribuya equipos o facilite esas actividades.
No obstante, el texto legal no dice expresamente que el simple uso individual de una terminal Starlink equivalga automáticamente al delito descrito en el artículo 295.1, como asegura de forma categórica la publicación difundida en redes. Esa interpretación tendría que depender de la aplicación que las autoridades hagan de la legislación y de otras regulaciones cubanas sobre telecomunicaciones.
El Código Penal también permite imponer la confiscación de bienes como sanción accesoria por los delitos incluidos en ese título, por lo que el riesgo de decomiso sí tiene respaldo en la legislación vigente.
La nueva advertencia resulta especialmente llamativa por el momento en que aparece. Cuba atraviesa una severa crisis energética que afecta directamente las telecomunicaciones. Cloudflare documentó que varios colapsos del Sistema Eléctrico Nacional durante 2026 provocaron importantes interrupciones de internet, mientras reportes recientes describen comunidades sometidas a apagones que pueden prolongarse durante muchas horas e incluso días.
Starlink utiliza una constelación de satélites en órbita terrestre baja para proporcionar acceso de banda ancha sin depender de la infraestructura terrestre convencional. La propia compañía anuncia velocidades que pueden superar los 400 Mbps en numerosos mercados, aunque Cuba no figura como un mercado donde el servicio sea comercializado oficialmente.
Precisamente esa independencia de las redes terrestres constituye una de sus mayores ventajas en lugares aislados, afectados por desastres naturales o con infraestructura de telecomunicaciones insuficiente. En el caso cubano, también significaría que determinados usuarios podrían conectarse sin depender directamente de la infraestructura controlada por la empresa estatal ETECSA, algo que las autoridades consideran un problema de soberanía y seguridad.
Los sectores oficialistas han llegado a vincular Starlink con operaciones militares, tráfico de armas y conflictos internacionales, mientras presentan la posibilidad de una red fuera del control estatal como un riesgo para la defensa nacional. La publicación incluso exhorta a los ciudadanos a denunciar a quienes introduzcan o vendan estos dispositivos.
También asegura que durante 2025 fueron decomisados más de 80 equipos y menciona supuestos hallazgos ocultos en paneles solares y televisores. CubaHerald no pudo verificar de manera independiente esa cifra concreta, por lo que no debe presentarse como un dato confirmado. Sí existen reportes posteriores sobre confiscaciones de terminales Starlink en aeropuertos cubanos, incluidos varios equipos detectados en Cienfuegos durante 2026.
La discusión trasciende, por tanto, una simple disputa tecnológica. Mientras las autoridades enfocan su comunicación en las penas, los decomisos y los posibles usos militares de Starlink, queda prácticamente fuera del discurso oficial una cuestión mucho más cercana a la vida cotidiana: qué podría significar disponer de una alternativa de internet de alta velocidad en un país donde millones de personas dependen de una infraestructura vulnerable a los apagones, las averías y la saturación.
El Estado cubano tiene derecho, como cualquier país, a regular el espectro radioeléctrico y los servicios de telecomunicaciones dentro de su territorio. Sin embargo, presentar una tecnología de acceso a internet casi exclusivamente como instrumento de conspiración o guerra, sin discutir sus posibles beneficios civiles, convierte un debate tecnológico y regulatorio en otro asunto de seguridad política.
En una Cuba donde quedarse sin electricidad puede significar también quedarse sin datos móviles, llamadas y acceso a información, Starlink representa algo más incómodo para las autoridades que una antena satelital: representa la posibilidad de una conexión que no dependa totalmente de la infraestructura estatal.
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