La Habana — Cuba quedó nuevamente en el centro del debate internacional tras votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que insta a Rusia a garantizar el retorno inmediato y seguro de los niños ucranianos trasladados fuera de su país desde el inicio de la guerra. La medida, ampliamente respaldada por la mayoría de los Estados miembros, busca asegurar que los menores separados de sus familias puedan regresar a territorio ucraniano y recibir protección adecuada.
El voto negativo de La Habana coincidió con el de un pequeño grupo de países —entre ellos Rusia, Bielorrusia, Irán y Nicaragua— que se opusieron al documento. La decisión ha sido interpretada por analistas como una muestra más del alineamiento político de Cuba con Moscú en escenarios multilaterales, incluso en asuntos altamente sensibles vinculados a la protección de la infancia.
El gobierno ucraniano sostiene que miles de niños fueron trasladados sin consentimiento a instituciones dentro de Rusia, donde algunos habrían sido sometidos a procesos de adopción, cambios de ciudadanía o programas de reorientación cultural. La resolución aprobada por Naciones Unidas condena estas prácticas y advierte que podrían constituir violaciones del derecho internacional humanitario, además de causar daños psicológicos profundos en los menores.
El texto también subraya la importancia de establecer mecanismos que aseguren el retorno de cada niño con sus padres o tutores legales, así como la provisión de apoyo emocional y garantías de protección durante todo el proceso. Diversas organizaciones humanitarias han advertido que los traslados forzosos en contextos de guerra pueden ser considerados crímenes graves bajo tratados internacionales.
La postura adoptada por Cuba generó críticas inmediatas entre especialistas en derechos humanos, miembros de la diáspora y activistas, quienes cuestionan cómo un país que históricamente ha destacado su compromiso con la niñez opta por oponerse a una iniciativa encaminada a reunir a menores con sus familias. En redes sociales se multiplicaron los cuestionamientos, señalando que la decisión responde más a consideraciones geopolíticas que a principios humanitarios.
Se prevé que el tema continúe provocando reacciones mientras avanza la documentación de casos y la comunidad internacional incrementa la presión sobre los Estados que rechazaron la resolución.
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