En un movimiento significativo para la regulación de los medios de comunicación, el gobierno cubano ha publicado la Ley de Comunicación Social 162/2023 y sus respectivos decretos reglamentarios. Según el anuncio realizado en redes sociales por Joel Suárez Pellé, periodista cubano, la Gaceta Oficial de Cuba ha dado a conocer la nueva normativa junto con los decretos 121/2024 y 102/2024.
La Ley de Comunicación Social 162/2023 y sus decretos reglamentarios buscan establecer un marco más estricto para el ejercicio de la comunicación social en Cuba. El Decreto 121/2024 actúa como reglamento de la ley principal, mientras que el Decreto 102/2024 regula específicamente el ejercicio de la publicidad y el patrocinio en los medios de comunicación.
Estos nuevos instrumentos legales son vistos por muchos como un intento del gobierno cubano de controlar aún más los medios de comunicación en la isla. Las autoridades argumentan que estas medidas son necesarias para asegurar que la información difundida sea veraz y responsable, además de proteger a la población de posibles desinformaciones y contenidos inapropiados.
El Decreto 121/2024, que actúa como reglamento de la Ley 162/2023, detalla los procedimientos y requisitos que deben seguir los medios de comunicación para operar en Cuba. Entre sus disposiciones, se encuentran nuevas directrices para la obtención de licencias, la supervisión del contenido publicado y la responsabilidad de los medios en cuanto a la difusión de información.
Por su parte, el Decreto 102/2024 establece un marco regulatorio para la publicidad y el patrocinio en los medios de comunicación cubanos. Este reglamento especifica las normas que deben seguir los anunciantes y patrocinadores, así como las restricciones sobre los tipos de contenidos publicitarios permitidos. Se espera que estas regulaciones tengan un impacto significativo en la manera en que se financian y operan los medios en la isla.
Las reacciones a la publicación de estas nuevas leyes y reglamentos han sido mixtas. Mientras algunos ven en ellas una oportunidad para mejorar la calidad y la responsabilidad de la información que se difunde en el país, otros temen que estas medidas restrinjan aún más la libertad de expresión y el acceso a información diversa y plural.
En las redes sociales, los usuarios han expresado una amplia gama de opiniones. Algunos apoyan las medidas, argumentando que son necesarias para mantener la estabilidad social y evitar la propagación de noticias falsas. Otros, sin embargo, critican la ley y sus decretos, señalando que podrían ser utilizados para silenciar voces críticas y limitar el debate público.
La implementación de la Ley de Comunicación Social 162/2023 y sus decretos reglamentarios será un proceso crucial a seguir en los próximos meses. La comunidad internacional y los defensores de la libertad de prensa estarán atentos a cómo estas nuevas regulaciones impactan el panorama mediático cubano y la capacidad de los periodistas para informar libremente.
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