Una nueva disposición publicada en la Gaceta Oficial autoriza a distintas entidades y actores económicos en Cuba a realizar operaciones en divisas dentro del territorio nacional, decisión presentada como “temporal”, aunque sin plazos definidos ni detalles sobre su eventual reversión. La medida llega en un momento de fuertes tensiones económicas y vuelve a encender el debate público sobre el futuro del sistema monetario de la isla.
Según lo anunciado, podrán operar bajo esta autorización empresas estatales y extranjeras, trabajadores por cuenta propia, proyectos vinculados al desarrollo local, así como iniciativas de cooperación internacional. En la práctica, esto permitirá que sectores clave del país gestionen pagos y cobros directamente en monedas fuertes, ampliando un espacio que ya existía con las tiendas en MLC y otras modalidades bancarias.
Aunque la decisión se justifica como un intento de “ordenar” procesos financieros y captar recursos en un contexto económico adverso, su impacto social ha generado una ola de cuestionamientos. Muchos ciudadanos perciben esta vía como una evidencia más de que la economía cubana se mueve hacia una dolarización creciente, donde la vida cotidiana depende cada vez más del acceso —o la falta de acceso— a divisas.
Diversos usuarios en redes sociales expresan preocupación por las implicaciones prácticas de estas transacciones: cómo influirán en los precios, qué restricciones podrían aparecer en el sistema bancario y qué significa esta medida para quienes solo reciben ingresos en moneda nacional. Para muchos analistas, la decisión agrava una tendencia visible: la ampliación de la brecha entre quienes manejan divisas y quienes dependen exclusivamente de un salario en pesos, en una economía donde la desigualdad se hace más evidente.
Un usuario resumió esta inquietud señalando que se trata de “otro giro que consolida el peso de la moneda extranjera en todas las capas de la vida económica”, un diagnóstico que coincide con el sentir de numerosos observadores dentro y fuera del país.
En ausencia de información concreta sobre la duración de la medida, lo que queda claro es que la discusión sobre el modelo económico cubano continúa abierta. El anuncio no solo redefine la manera en que operan empresas y actores no estatales, sino que también reaviva un debate profundo sobre el acceso equitativo a oportunidades en una economía cada vez más segmentada.
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