El Ministerio de Transporte de Cuba (Mitrans) ha anunciado que a partir del próximo lunes, 24 de junio de 2024, dará inicio a un nuevo proceso de homologación para vehículos armados por partes y piezas. Esta medida, dirigida a facilitar la legalización de estos vehículos, ha generado preocupación entre expertos y ciudadanos debido a las implicaciones ambientales y la persistente crisis en el sector del transporte en la isla.
El proceso de homologación, detallado en la Resolución 95 de 2024 publicada en la Gaceta Oficial, permite a los propietarios de vehículos ensamblados por partes registrarlos oficialmente. Sin embargo, críticos señalan que muchos de estos vehículos no cumplen con las normativas medioambientales actuales, representando un riesgo potencial no solo para el medio ambiente sino también para la seguridad vial.
Mario Pérez Ventura, jefe del proyecto de homologación en Mitrans, destacó la apertura de una plataforma digital para facilitar el registro, pero omitió detalles sobre cómo estos vehículos serán evaluados en términos de emisiones y eficiencia energética. Esto plantea un desafío significativo, ya que la mayoría de los vehículos ensamblados por partes en Cuba provienen de modelos antiguos y descontinuados, cuyos estándares de contaminación están lejos de cumplir con las expectativas modernas.
Además, la medida llega en un momento en que Cuba enfrenta una severa crisis de transporte, caracterizada por la escasez de vehículos públicos y privados, así como por la ineficacia de las opciones de transporte masivo disponibles. La población cubana ha sufrido largas esperas y dificultades considerables en su movilidad diaria, una situación que el nuevo proceso de homologación no parece abordar directamente.
Osvaldo Reyes Alfonso, director general de la Dirección de Transporte Automotor de Mitrans, mencionó que se aceptarán vehículos previamente no aptos siempre y cuando hayan solucionado los problemas técnicos indicados. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por no considerar adecuadamente las emisiones y el impacto ambiental de tales vehículos.
Este proceso de homologación también ha levantado cuestionamientos sobre la capacidad del gobierno para manejar eficazmente la situación del transporte en el país, mientras se añade la preocupación de incrementar el número de vehículos potencialmente inseguros y contaminantes en las carreteras cubanas. Con estos desafíos en mente, muchos ven la iniciativa como una medida desesperada por legalizar vehículos que de otro modo seguirían operando al margen de la ley, sin abordar los problemas subyacentes que enfrenta el sistema de transporte cubano.
