El Gobierno de Cuba ha sancionado a empresas privadas con multas que superan los 348 millones de pesos cubanos (equivalentes a 14,5 millones de dólares al tipo de cambio oficial para personas jurídicas), tras detectar incumplimientos en el tope de precios establecido para varios productos esenciales. Esta medida se ha implementado en medio de la grave crisis económica que enfrenta el país y la creciente escasez de bienes básicos.
Entre el 15 de julio y el 19 de septiembre, las autoridades cubanas realizaron 222.300 inspecciones a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en todo el país, según informó la viceministra primera de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo de la Torre, durante una sesión del Consejo de Ministros. Como resultado, se aplicaron un total de 137.391 sanciones a negocios que no cumplieron con los precios máximos fijados para seis productos básicos.
El Gobierno estableció estos topes el pasado 8 de julio con el objetivo de regular los precios de alimentos y productos esenciales, tales como el pollo, el aceite, las salchichas, la leche en polvo, la pasta alimenticia y el detergente. El kilogramo de pollo troceado, por ejemplo, no puede exceder los 680 pesos (aproximadamente 5,6 dólares), mientras que el litro de aceite vegetal tiene un precio máximo de 990 pesos (8,25 dólares). Otros productos incluidos en la regulación son la salchicha, con un precio tope de 1.045 pesos (8,7 dólares), y la leche en polvo, que no puede superar los 1.675 pesos (13,95 dólares).
La viceministra destacó que la intención del gobierno no es únicamente imponer multas, sino asegurar que los precios se mantengan dentro de los límites establecidos, con el fin de proteger el acceso de la población a estos productos en un contexto de inflación y escasez. Granadillo de la Torre también subrayó que estas medidas buscan paliar los efectos de la crisis económica, agravada por las sanciones de Estados Unidos, la pandemia y fallos en la política económica interna.
El gobierno ya había informado en julio de las primeras sanciones, que alcanzaron los 30 millones de pesos (1,25 millones de dólares), pero las cifras actuales revelan un aumento significativo en las penalizaciones. Las multas aplicadas son vistas como una acción contundente para intentar frenar los abusos en los precios, en un escenario donde los ingresos de la población son limitados, con un salario promedio estatal de 4.300 pesos (35,8 dólares) y pensiones que rondan los 1.500 pesos (12,5 dólares).
Cuba continúa enfrentando una situación económica delicada, y la implementación de estas regulaciones busca aliviar la presión sobre los consumidores, aunque las dificultades en la producción y la distribución de productos básicos siguen representando un desafío considerable para la isla.
