El gobierno cubano ha anunciado la implementación de precios máximos para varios productos esenciales vendidos en el mercado privado, en un esfuerzo por controlar la inflación y asegurar el acceso a bienes básicos para la población. Esta medida ha sido recibida con una mezcla de alivio y preocupación, particularmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y los trabajadores por cuenta propia (TCP), quienes prevén repercusiones negativas en sus operaciones comerciales.
La decisión fue formalizada en la Gaceta Oficial de la República, donde se detallan los productos exonerados del pago del impuesto aduanero y sus nuevos precios minoristas máximos. Los productos y precios establecidos son los siguientes:
- Pollo troceado: 680 CUP por kilogramo.
- Aceites comestibles (excepto de oliva): 990 CUP por litro.
- Leche en polvo: 1,675 CUP por kilogramo.
- Pastas alimenticias: 835 CUP por kilogramo.
- Salchichas: 1,045 CUP por kilogramo.
- Detergente en polvo: 630 CUP por kilogramo.
El establecimiento de estos precios busca aliviar el costo de vida de los ciudadanos cubanos, permitiéndoles adquirir productos a precios más accesibles. Sin embargo, representantes de las MiPyMEs han expresado su preocupación y enfado por la medida, argumentando que podría llevar a una disminución de la oferta y complicar aún más el panorama económico del país.
Las críticas también se centran en el posible impacto negativo en la cadena de suministro. Las MiPyMEs, que importan productos de primera necesidad, temen que los topes de precios reduzcan sus márgenes de ganancia y dificulten su capacidad para operar de manera sostenible. Además, los TCP, quienes distribuyen estos productos en sus comunidades, podrían enfrentar retos adicionales para mantener la viabilidad de sus negocios.
Este tipo de intervención gubernamental ha sido motivo de debate en el pasado, con ejemplos que muestran que el tope de precios puede conducir a la escasez de productos y al florecimiento del mercado negro. Los ciudadanos temen que esta medida no solo podría replicar estos problemas, sino también exacerbar las tensiones económicas actuales.
Mientras el gobierno cubano busca proteger a los consumidores de la inflación descontrolada, la implementación de estos topes de precios ha generado una reacción mixta, con preocupaciones válidas sobre su efectividad y posibles consecuencias a largo plazo para el mercado privado y la economía en general.
