Por CUBAHERALD NEWS
En una reciente visita a Rusia, el ministro de Justicia de Cuba, Oscar Manuel Silvera Martínez, anunció que oficiales de policía y abogados cubanos recibirán capacitación en instituciones rusas. Este anuncio se realizó en el marco del Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo, donde el ministro cubano destacó la importancia de este intercambio para consolidar las relaciones entre las dos naciones.
Silvera Martínez expresó que estos programas de formación son cruciales para la interacción entre los ministerios de justicia y fortalecerán las prácticas jurídicas y policiales en Cuba. En octubre de 2023, Cuba y Rusia formalizaron esta cooperación mediante un memorando de entendimiento firmado por Silvera y su homólogo ruso, Konstantin Chuychenko, aunque los detalles precisos del acuerdo no fueron detallados públicamente.
Este desarrollo se inserta en un contexto más amplio donde varios países de la región han buscado la asistencia de Rusia en materia de seguridad y legalidad, lo que ha levantado críticas sobre las motivaciones y las consecuencias de tales alianzas, especialmente en naciones con antecedentes de uso controvertido de la fuerza pública y represión de disidentes.
En febrero, la visita del general Nikolái Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y consejero del presidente Vladimir Putin, a países como Nicaragua, Cuba, Bolivia, y Venezuela, refuerza la percepción de una cooperación estratégica en seguridad, que algunos analistas interpretan como un esfuerzo por parte de Rusia para expandir su influencia y capacidades de inteligencia en la región.
Dentro de Cuba, la capacitación en Rusia coincide con un creciente escrutinio hacia las prácticas de la policía local. Aunque el gobierno cubano, representado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, ha indicado que se están tomando medidas para mejorar la gestión administrativa y prevenir delitos, la sociedad civil continúa expresando preocupaciones sobre la eficacia de estas acciones y critica la aparente priorización de recursos para la represión sobre otras necesidades públicas más urgentes.