Las autoridades cubanas arrestaron este martes al reconocido opositor José Daniel Ferrer, apenas tres meses después de su excarcelación, en un caso que ha reavivado la preocupación internacional sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), había sido liberado en enero como parte de un acuerdo negociado con mediación del Vaticano y con la participación del gobierno de Estados Unidos.
Según declaraciones de Maricela Sosa, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, el activista violó los términos de su libertad condicional al no presentarse en dos citaciones judiciales obligatorias. «No solo incumplió con su comparecencia, sino que, a través de sus redes sociales, declaró abiertamente que no acudiría ante las autoridades judiciales», afirmó Sosa en un comunicado recogido por agencia de prensa REUTERS. Sin embargo, su hermano asegura que esa acusación es completamente infundada y que su detención obedece exclusivamente a su labor como activista en defensa de los derechos humanos.
El arresto de Ferrer no ocurrió en aislamiento. En las primeras horas del mismo día también fue detenido en Matanzas el disidente Félix Navarro Rodríguez, junto a su esposa Sonia, mientras ambos intentaban visitar a su hija, Sailí Navarro, quien se encuentra encarcelada por motivos políticos. Navarro, condenado en 2021 a nueve años de prisión tras participar en las protestas nacionales de julio de ese año, había sido liberado bajo libertad condicional en enero, y según las autoridades, incumplió al salir de su municipio sin autorización judicial.
En redes sociales, Ana Belkis Ferrer, hermana del activista santiaguero, denunció la detención de su hermano, su esposa Nelva, su hijo y varios colaboradores del movimiento opositor. «Exigimos su liberación inmediata y la de todos los prisioneros políticos», expresó a través de la plataforma X (antes Twitter).
Ferrer, de 54 años, había comenzado a operar un comedor comunitario desde su residencia en Santiago de Cuba tras su excarcelación. Aseguró en múltiples ocasiones que sufría acoso sistemático por parte de las autoridades, lo cual dificultaba su trabajo social en favor de personas vulnerables. Además, sostenía que su condena inicial era infundada y que su presencia en tribunales carecía de fundamento legal.
Ambos opositores, explicó Sosa, «mantienen vínculos públicos con representantes diplomáticos extranjeros y promueven actitudes contrarias al orden institucional», aunque recalcó que las detenciones no están directamente motivadas por estas acciones, sino por el incumplimiento específico de las condiciones judiciales impuestas.
El caso se desarrolla en un contexto de tensiones persistentes entre La Habana y Washington. La visita en febrero del jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos, Mike Hammer, al domicilio de Ferrer en Santiago de Cuba, generó reacciones encontradas dentro del aparato oficial. Las autoridades han acusado reiteradamente a Washington de fomentar y financiar a los grupos opositores como parte de una estrategia para debilitar el sistema político cubano.
La situación de los derechos humanos y la libertad de expresión en Cuba continúa bajo el escrutinio de organismos internacionales. La nueva detención de Ferrer y Navarro podría complicar las tímidas señales de distensión entre Cuba y Estados Unidos, mientras la comunidad internacional sigue demandando mayores garantías legales para quienes ejercen la disidencia pacífica en la isla.
