La reciente convocatoria de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) para captar jóvenes interesados en ingresar a la institución vuelve a evidenciar un problema cada vez más visible en Cuba: la falta de aspirantes a la carrera policial y las crecientes críticas ciudadanas sobre la preparación profesional de parte del personal activo.
El programa anunciado contempla un curso básico policial de seis meses con ascenso posterior a suboficial y un plan medio superior de unos once meses que permitiría acceder a grados superiores e incluso estudios universitarios en Derecho. Sin embargo, más allá del incentivo académico y laboral, la convocatoria refleja la necesidad urgente de reforzar plantillas en un contexto donde muchos jóvenes evitan esta profesión.
Entre las razones señaladas por ciudadanos dentro de la isla destacan los bajos salarios, la exposición constante a conflictos sociales y la percepción de escaso reconocimiento público. En varios territorios se ha comentado la dificultad para cubrir plazas policiales, lo que obliga a convocatorias frecuentes y a flexibilizar requisitos de captación.
A ello se suman críticas recurrentes sobre la formación profesional. Algunos ciudadanos cuestionan que programas relativamente breves puedan preparar adecuadamente a quienes deben enfrentar delitos, conflictos sociales complejos y tareas de seguridad pública. Esta percepción se refuerza cuando se reportan actuaciones consideradas poco profesionales o falta de manejo adecuado en situaciones sensibles.
Especialistas en seguridad pública suelen coincidir en que la estabilidad institucional depende no solo del número de agentes, sino también de su capacitación técnica, jurídica y ética. En ese sentido, el reto para las autoridades cubanas no parece limitarse a reclutar nuevos efectivos, sino a fortalecer la preparación integral y la confianza ciudadana.
El debate sobre la policía en Cuba se inserta además en un contexto más amplio de dificultades económicas, migración y tensiones sociales, factores que influyen tanto en la disponibilidad de personal como en la percepción pública del rol policial.
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