El Ministerio de Transporte de Cuba anunció una medida excepcional que permitirá otorgar licencias temporales de operación a ciclomotores, motocicletas y triciclos eléctricos que actualmente circulan sin matrícula, una decisión que contrasta con la política aplicada hasta hace poco, cuando estos mismos vehículos eran objeto de multas elevadas y sanciones administrativas.
La disposición quedó formalizada en la Instrucción No. 1 de 2026, firmada por el ministro Eduardo Rodríguez Dávila, y habilita la emisión de la Licencia de Operaciones de Transporte (LOT) para personas naturales hasta diciembre de 2026. Según la información oficial, la medida responde a solicitudes de autoridades territoriales con el propósito de incorporar al sistema formal de transporte a vehículos que ya operan de manera irregular.
El objetivo declarado es organizar y contratar estos medios de transporte conforme a las prioridades de cada territorio, optimizando su uso en un contexto de crisis de movilidad, escasez de combustible y deterioro del transporte público.
Sin embargo, la decisión ha generado cuestionamientos entre propietarios y conductores. Hasta hace poco, circular sin matrícula implicaba sanciones consideradas por muchos como desproporcionadas, incluyendo multas calificadas de “astronómicas” en relación con los ingresos promedio del país. En algunos casos, los vehículos fueron retenidos o sus dueños enfrentaron procesos administrativos complejos para regularizarlos.
La nueva flexibilización pone en evidencia un cambio de enfoque oficial. Analistas consultados consideran que la medida responde más a la necesidad urgente de ampliar la oferta de transporte en medio del colapso del sistema estatal que a una reforma estructural planificada. En la práctica, miles de motos y triciclos eléctricos han sostenido la movilidad urbana en distintas ciudades, operando en un marco de informalidad tolerada de facto pero sancionada legalmente.
Expertos en políticas públicas señalan que el reto no se limita a conceder permisos temporales. Será necesario definir mecanismos claros de registro, seguridad vial, control técnico y tributación, así como establecer reglas estables que eviten cambios abruptos de criterio que afecten a los ciudadanos.
Mientras tanto, la medida abre una ventana de regularización para conductores que durante años enfrentaron penalizaciones por operar vehículos que ahora se pretende integrar al sistema oficial. El contraste entre la política restrictiva anterior y la actual flexibilización refleja las tensiones de un modelo que intenta adaptarse a la realidad económica sin reconocer plenamente las distorsiones que la propia normativa generó.
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