En un intento más por ajustar el entorno económico, el gobierno cubano ha lanzado una serie de nuevas regulaciones destinadas a integrar más efectivamente a los actores económicos no estatales en el desarrollo nacional. Publicadas este lunes en la Gaceta Oficial Ordinaria número 78, estas normativas incluyen seis decretos-leyes, dos decretos y varias resoluciones que pretenden actualizar y corregir las disposiciones jurídicas vigentes desde 2021.
Este conjunto de medidas, diseñadas tras amplias consultas con organismos gubernamentales y emprendedores, es parte de un programa gubernamental lanzado en diciembre para corregir «distorsiones» y revitalizar la economía. Entre las novedades se encuentra la creación del Instituto Nacional de los Actores Económicos No Estatales, dependiente del Consejo de Ministros, que busca estandarizar la atención a las pequeñas y medianas empresas (Mipymes), Cooperativas No Agropecuarias (CNA) y trabajadores por cuenta propia (TCP).
Sin embargo, a pesar de la promesa de una gradual descentralización que permitiría a los municipios aprobar las Mipymes y CNA, la realidad es que muchos territorios carecen de los recursos necesarios para sostener actividades básicas, y se ven obligados a depender de regulaciones estatales más amplias para gestionar sus economías locales.
La nueva política también implica un ajuste en el tratamiento de precios, tarifas y tributos para los trabajadores por cuenta propia. Se eliminan beneficios fiscales previos, bajo el argumento de que estos contribuyentes ya están en capacidad de aportar significativamente al fisco, una medida que ha generado preocupación entre los pequeños empresarios que ya enfrentan un entorno económico difícil.
Además, se introduce una regulación que exige a las Mipymes asumir responsabilidades sociales empresariales, enfocadas en el bienestar de los trabajadores y sus familias, así como en la sociedad y el medio ambiente en general. Aunque estas medidas son necesarias, el escepticismo entre los cubanos es palpable, dado el historial del gobierno de implementar reformas que a menudo complican más la situación en lugar de mejorarla.
El escepticismo se extiende también al enfoque del gobierno sobre la distinción entre comercio minorista y mayorista. Si bien se permite a cualquier productor vender bienes sin restricciones para fomentar la producción, las nuevas normas exigen que las actividades secundarias de un negocio no deben perjudicar su actividad principal, lo cual podría limitar la flexibilidad empresarial necesaria en un mercado ya restrictivo.
Estas normativas llegan en un momento en que la población cubana ya enfrenta numerosos desafíos económicos y sociales. La continua desconfianza en la capacidad del Estado para facilitar, en lugar de obstruir, el desarrollo económico sigue siendo una barrera significativa para el progreso. En este contexto, los cubanos de a pie, ya acostumbrados a la resiliencia y la innovación frente a las dificultades, pueden ver estas «correcciones» como otro obstáculo más en su lucha diaria por la supervivencia y el crecimiento económico.
