El Gobierno de Cuba anunció la liberación de 2.010 personas privadas de libertad mediante un indulto aprobado conforme a la Constitución, en el marco de la Semana Santa de 2026, como parte de los beneficios penitenciarios previstos en la legislación vigente.
La decisión, sustentada en el artículo 90 de la Constitución, responde —según las autoridades— a una evaluación de factores como la conducta en prisión, el cumplimiento parcial de las sanciones, el estado de salud y las características de los delitos cometidos. Entre los beneficiados figuran jóvenes, mujeres, adultos mayores de más de 60 años, así como extranjeros y cubanos residentes en el exterior.
El proceso excluyó de forma explícita a personas condenadas por delitos considerados graves, entre ellos agresión sexual, homicidio, narcotráfico, corrupción de menores, robo con violencia o reincidencia delictiva. Tampoco fueron incluidos quienes ya habían recibido indultos previamente y reincidieron.
Se trata de la segunda excarcelación en lo que va de 2026, una práctica que las autoridades presentan como habitual dentro del sistema penal cubano, especialmente en fechas de carácter religioso. Desde 2011, el Gobierno ha aplicado al menos cinco indultos, beneficiando a más de 11.000 personas.
No obstante, este tipo de medidas suele generar interpretaciones diversas. Por un lado, se presenta como un gesto de carácter humanitario; por otro, ocurre en un contexto donde persisten cuestionamientos sobre el sistema penitenciario y el manejo de la población reclusa en la isla.
El anuncio se produce en un escenario económico y social complejo, donde decisiones de este tipo también pueden leerse como parte de una estrategia para aliviar tensiones internas, aunque sin implicar cambios estructurales en el sistema judicial.
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