El gobierno cubano planea permitir que cubanos residentes en el exterior inviertan en grandes proyectos de infraestructura en la isla, una medida que busca atraer capital en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país. El anuncio fue adelantado por el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, en una entrevista concedida a NBC News.
Según explicó el funcionario, los detalles completos de la política se darán a conocer oficialmente el 16 de marzo, aunque adelantó que el gobierno pretende facilitar una relación comercial más fluida tanto con empresas estadounidenses como con cubanos radicados en Estados Unidos y sus descendientes.
La medida representaría un cambio relevante en el modelo económico de la isla, ya que no se limitaría a pequeños negocios privados, sino que incluiría inversiones de mayor escala en sectores estratégicos. Entre las áreas mencionadas se encuentran el turismo, la minería y la modernización del sistema eléctrico, una de las infraestructuras más deterioradas del país tras años de escasez de combustible y falta de mantenimiento.
De acuerdo con Pérez-Oliva Fraga, el objetivo es dar oxígeno a una economía debilitada y crear un entorno empresarial más dinámico, capaz de atraer capital y reactivar sectores que actualmente se encuentran prácticamente paralizados.
El anuncio ocurre en un contexto económico particularmente complejo. La isla enfrenta apagones prolongados, escasez de combustible y dificultades en servicios básicos como transporte, agua y telecomunicaciones, problemas que han afectado directamente la vida cotidiana y la actividad económica.
Además, el funcionario señaló que las reformas económicas también están condicionadas por el conflicto político entre La Habana y Washington, que limita el acceso a financiamiento, tecnología y mercados internacionales.
En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó recientemente que Cuba deberá alcanzar un entendimiento con su administración para evitar un mayor deterioro de la situación, advirtiendo que Estados Unidos “hará lo que tenga que hacer” si no se logra un acuerdo.
Analistas consideran que esta apertura hacia el exilio podría formar parte de una estrategia más amplia para atraer divisas y aliviar la presión económica. Sin embargo, aún queda por definir qué límites legales tendrá la inversión, cómo se estructurarán las empresas y hasta qué punto las sanciones estadounidenses podrían afectar su implementación real.
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