En un contexto de crecientes dificultades económicas y sociales, Cuba se encuentra en una encrucijada marcada por la escasez de alimentos, medicamentos y productos básicos, un fenómeno que ha suscitado protestas en diversas partes de la isla y ha generado un amplio debate sobre sus causas y posibles soluciones. Mientras el Gobierno cubano intenta mitigar las penurias mediante medidas como la extensión de la exención arancelaria para la importación de bienes esenciales hasta el 30 de junio de 2024, analistas sugieren que los problemas de Cuba tienen raíces profundas en sus políticas internas más que en factores externos como las sanciones estadounidenses.
Mary Anastasia O’Grady, en un reciente análisis para The Wall Street Journal, argumenta que la crisis actual es el resultado de decisiones y prácticas internas que han limitado el crecimiento económico y la distribución equitativa de recursos. A pesar de las narrativas que apuntan a las sanciones de Estados Unidos como la causa principal de la crisis humanitaria en Cuba, O’Grady destaca cómo la isla sigue siendo un destino importante para los productos agrícolas estadounidenses y cómo la escasez de divisas, exacerbada por un sistema que prioriza el mantenimiento del control gubernamental sobre el bienestar de la población, es una de las verdaderas raíces del problema.
Este diagnóstico encuentra eco en las calles de Cuba, donde las protestas por la falta de alimentos y medicinas, así como por los cortes de energía, han revelado el descontento popular. El Gobierno ha respondido con medidas temporales, como la mencionada exención arancelaria, y con esfuerzos de relaciones públicas destinados a proyectar una imagen de atención a las demandas ciudadanas. Sin embargo, estas respuestas no abordan las causas subyacentes de la crisis.
La estructura económica de la isla, controlada por una élite del Partido Comunista, y las restricciones a la actividad empresarial limitan severamente las oportunidades para una prosperidad compartida. Además, la dependencia histórica de patrocinadores extranjeros, ahora ausentes, y el incumplimiento de préstamos internacionales subrayan la insostenibilidad del modelo económico actual.
Ante este panorama, la extensión de medidas como la exención arancelaria, aunque provee un alivio temporal a la población, subraya la necesidad de reformas estructurales que permitan un desarrollo económico inclusivo y sostenible. Solo mediante cambios profundos que aumenten la autonomía económica y mejoren la distribución de recursos, Cuba podrá superar las crisis recurrentes que afectan a su población. La solución a largo plazo para la isla no reside en la flexibilización de políticas externas, sino en una transformación interna que priorice las necesidades y el bienestar de sus ciudadanos.
