En un momento de creciente descontento social por los altos precios del servicio de telecomunicaciones en Cuba, las autoridades han anunciado una ofensiva legal contra presuntas irregularidades relacionadas con las recargas internacionales de ETECSA, el monopolio estatal de las comunicaciones. La medida, presentada durante el programa oficial «Hacemos Cuba», incluye la posibilidad de acusar de sabotaje a los implicados en lo que el Gobierno considera un entramado de fraudes financieros.
Durante la emisión, que contó con la participación del vocero oficialista Humberto López, funcionarios del Ministerio del Interior (MININT), la Fiscalía General y representantes de ETECSA, se aseguró que algunas plataformas de recargas online están desviando divisas y provocando lo que calificaron como “pérdidas millonarias” para la empresa estatal.
Pero más allá de las denuncias, lo que ha generado una ola de reacciones entre los ciudadanos ha sido el contexto en el que se produce esta amenaza legal: la indignación creciente por los nuevos planes de datos móviles, cuyos precios son considerados abusivos, desproporcionados y fuera del alcance de la mayoría de los cubanos, en un país donde el salario mensual promedio no llega ni para cubrir un solo paquete de internet.
Criminalizar el malestar
Además de sabotaje, las autoridades investigan supuestos delitos como tráfico de divisas y estafa, lo que refuerza la percepción de que el gobierno opta por criminalizar el malestar social en lugar de escuchar las demandas ciudadanas. En lugar de explicar por qué una conexión mínima a internet cuesta más que el ingreso de un jubilado, se intenta desviar la atención hacia “enemigos externos” o «operadores desleales».
Lejos de reconocer los problemas estructurales de la empresa, Humberto López defendió a ETECSA, asegurando que sus ingresos “se destinan a la compra de alimentos para el pueblo” y que las ganancias contribuirán a superar la crisis del sistema eléctrico nacional. Un discurso que para muchos resulta insultante, especialmente cuando los apagones se extienden durante más de 20 horas diarias en varias provincias y la escasez de alimentos y medicamentos alcanza niveles alarmantes.
Un monopolio sin competencia ni transparencia
ETECSA opera sin competencia, sin regulación externa y sin mecanismos efectivos de control ciudadano. En este escenario, los ciudadanos no tienen opción real de elegir, y deben pagar tarifas elevadas por servicios lentos, inestables y cada vez más restringidos.
Las supuestas pérdidas que menciona el gobierno contrastan con los beneficios que genera el sistema de recargas internacionales, una de las pocas vías legales por las que entran divisas frescas al país. Perseguir o entorpecer esa dinámica puede tener un efecto contraproducente, y ahondar aún más en la desconexión digital y social de millones de cubanos.
¿Recaudar más… para ofrecer menos?
La narrativa oficial insiste en que los altos costos son necesarios para «invertir» en el país. Sin embargo, no existen informes públicos ni auditorías independientes que indiquen cómo se manejan los fondos que recauda ETECSA. Los ciudadanos siguen sin respuestas sobre por qué, tras años de ingresos por servicios de voz, datos y recargas, la infraestructura no mejora, los precios suben, y el acceso es cada vez más limitado.
Un invierno digital en pleno verano
Mientras se persigue legalmente a quienes supuestamente alteran el flujo de divisas, el pueblo vive una desconexión real: no solo del servicio, sino del discurso oficial. La población cubana no pide subsidios, sino justicia tarifaria, transparencia y un mínimo de respeto. Y cuando se acusa de sabotaje a quienes ofrecen una alternativa para acceder a un servicio básico, el mensaje es claro: el monopolio no se discute, se impone.
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