A pocos días de un nuevo aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, perfiles oficialistas comenzaron a difundir mensajes de advertencia penal dirigidos a la población cubana, en un contexto marcado por apagones prolongados, crisis económica, escasez y creciente malestar social. Una publicación atribuida al perfil oficialista Alejandro Noticias Cuballamó a no dejarse “engañar” y advirtió sobre posibles sanciones contra quienes participen en hechos calificados como “vandalismo” o “desórdenes públicos”.
El texto, presentado como una “respuesta penal a los vándalos”, acusa a sectores opositores y a actores externos de intentar incitar a la población a cometer actos de desorden en medio de los apagones. Aunque la publicación utiliza el lenguaje habitual de la propaganda oficial —bloqueo, injerencia, soberanía y defensa de la Revolución—, su mensaje central es inequívoco: recordar a los ciudadanos que protestar en determinadas circunstancias puede terminar en procesos penales y condenas de prisión.
La publicación cita varios artículos del Código Penal cubano relacionados con los delitos contra el orden público. El Artículo 263 sanciona los llamados desórdenes públicos con penas que pueden ir desde seis meses hasta ocho años de privación de libertad, dependiendo de las circunstancias, incluyendo si los hechos ocurren en grupo, si se producen daños o si se obstaculizan vías públicas. El Artículo 264 eleva las sanciones de cinco a doce años si se emplean armas u otros medios considerados idóneos, o si se provocan lesiones graves.
También se mencionan figuras penales vinculadas a gritos de alarma, amenazas, supuestas noticias falsas o publicaciones digitales. El Artículo 266 castiga la difusión de noticias falsas o predicciones maliciosas con penas de uno a tres años, y eleva la sanción de dos a cinco años cuando se utilicen redes sociales o medios digitales. Esa amplitud legal ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos por su posible uso contra la libertad de expresión en un país donde el debate público ya opera bajo fuertes restricciones.
El momento de la publicación no parece casual. El 11 de julio de 2021 miles de cubanos salieron a las calles en las mayores protestas antigubernamentales registradas en décadas, impulsadas por la crisis económica, la escasez, los apagones, la falta de medicinas y el hartazgo acumulado. Human Rights Watch documentó posteriormente una respuesta estatal marcada por detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos, golpizas, censura e interrupciones del servicio de internet.
Cuatro años después, el mensaje que vuelve a circular no aborda las causas del malestar ciudadano: los apagones, la inflación, los salarios insuficientes, el deterioro de los hospitales, la falta de alimentos, la emigración masiva y la pérdida de confianza en las instituciones. En lugar de ofrecer soluciones concretas, el aparato propagandístico insiste en presentar cualquier expresión de descontento como parte de un plan externo, reduciendo el derecho ciudadano a protestar a una amenaza contra el Estado.
La estrategia parece dirigida a sembrar miedo antes de que el descontento vuelva a expresarse en las calles o en redes sociales. Bajo el discurso de “defender la tranquilidad de las familias”, el mensaje coloca sobre la población una advertencia severa: cualquier protesta en medio de la crisis puede ser interpretada como delito, incluso cuando el origen del reclamo sea la falta de electricidad, comida, agua, transporte o servicios básicos.
El problema de fondo no es que un Estado tenga leyes para sancionar actos violentos o daños a la propiedad. El problema es que en Cuba esas normas se comunican desde perfiles propagandísticos como advertencia política, mientras se criminaliza de antemano la inconformidad social. En un país donde el pueblo vive cada día entre apagones y carencias, la respuesta oficial no debería ser más miedo, sino menos abuso, más transparencia y soluciones reales para quienes ya no tienen margen para seguir resistiendo.
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