La confirmación por parte del Tribunal Supremo del procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha desencadenado una crisis sin precedentes que agita tanto los cimientos del sistema judicial como el escenario político nacional. El alto tribunal sostiene que García Ortiz filtró información fiscal confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, abriendo así la vía para un eventual juicio oral.
La decisión judicial ha reavivado las tensiones entre el Gobierno y la oposición, y ha provocado una ruptura evidente dentro de las propias asociaciones de fiscales. El Partido Popular ha exigido su dimisión inmediata, calificando su permanencia en el cargo como «incompatible con la dignidad institucional del Ministerio Público». La ofensiva se ha extendido al Parlamento, donde el PP y Vox han solicitado la comparecencia urgente del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para esclarecer si el Ejecutivo influyó en la actuación del fiscal.
En respuesta, el Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado filas en defensa de García Ortiz, apelando al principio constitucional de presunción de inocencia. La ministra Margarita Robles se ha desmarcado de las presiones afirmando que no le corresponde decirle al fiscal general lo que debe hacer, mientras otros ministros alertan del riesgo de “politizar la justicia” y acusan al PP de utilizar el caso como arma contra el Ejecutivo.
La fractura es igual de evidente en el seno del Ministerio Fiscal. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que se ha personado como acusación popular, ha pedido su suspensión cautelar en cuanto se abra juicio oral, basándose en el reglamento interno de la Fiscalía. Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) denuncia una “presunción de culpabilidad injusta” y advierte que una dimisión precipitada dejaría a la institución en una “posición de debilidad” frente a ataques políticos.
Voces críticas, como la del analista Josep Ramoneda, subrayan que más allá del debate sobre la continuidad o no del fiscal general, lo preocupante es la creciente judicialización de la política española y la pérdida de confianza ciudadana en la imparcialidad de las instituciones.
La situación es inédita: García Ortiz podría convertirse en el primer fiscal general del Estado en sentarse en el banquillo mientras ocupa el cargo. Con el juicio oral aún por abrir, la presión mediática y parlamentaria no deja de crecer. El caso ha encendido un nuevo foco de polarización en un país donde el equilibrio entre poderes se encuentra cada vez más bajo sospecha.
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