Un reciente colapso estructural en el Centro Habana, ocurrido en la intersección de las calles Consulado y Virtudes, ha puesto de relieve la grave crisis habitacional y de infraestructura que afronta la capital cubana, afectando desproporcionadamente a las comunidades más pobres. Este suceso tuvo lugar frente al antiguo Teatro Musical, ahora reducido a un vertedero de basura y escombros, evidenciando el deterioro urbano en algunas de las zonas más concurridas de la ciudad.
La situación es especialmente crítica para los habitantes de menores recursos, quienes residen en edificaciones en estado deplorable que raramente reciben el mantenimiento necesario. Mientras tanto, se observa que las viviendas de los dirigentes de alto rango y las áreas más afluente de La Habana muestran un notable contraste, pues estas estructuras se mantienen en condiciones óptimas y seguras, sin reportes de afectaciones similares.
Este patrón de negligencia hacia las zonas más empobrecidas y la falta de acciones concretas por parte del gobierno cubano ponen en riesgo constante a miles de habaneros, situación que se ha visto exacerbada por las recientes inundaciones que han comprometido aún más la estabilidad de estructuras ya debilitadas. Las autoridades locales y nacionales enfrentan críticas por su respuesta insuficiente y la aparente indiferencia hacia las necesidades de las poblaciones más vulnerables.
La comunidad y diversos activistas demandan no solo una intervención inmediata para abordar los peligros actuales, sino también políticas de largo plazo que aseguren la rehabilitación y fortalecimiento del parque habitacional. Es esencial que el gobierno cubano priorice la inversión en infraestructura y establezca un plan de acción que incluya mantenimiento preventivo y renovación de las edificaciones, especialmente en las áreas más afectadas por la pobreza.
Esta crisis de infraestructura requiere una respuesta gubernamental decidida y transparente que coloque la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos como máxima prioridad, sin distinción de su estatus socioeconómico. La falta de equidad en el tratamiento de este problema no solo aumenta la vulnerabilidad de los más desfavorecidos, sino que también plantea serias preguntas sobre la justicia y la igualdad en la gestión estatal cubana.
