En España, la tensión política ha alcanzado nuevos niveles con un cruce de acusaciones entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en una dinámica que recuerda a las tramas de una serie de Netflix o incluso a «Juego de Tronos». En este enfrentamiento, el PSOE ha solicitado explicaciones inmediatas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respecto a supuestas irregularidades en contratos adjudicados por sus respectivas administraciones.
La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha exigido que Feijóo y Ayuso aclaren «las relaciones» con las empresas contratadas por la Xunta de Galicia y la Comunidad de Madrid, insinuando posibles conflictos de interés y la circulación de «muchos millones de dinero público» en sus entornos familiares. Peña ha señalado que, durante el mandato de Feijóo en Galicia, se adjudicaron 37 millones de euros a la empresa Eulen, que estaba dirigida por la hermana del propio Feijóo, lo cual, según el PSOE, requiere una investigación formal.
Este enfrentamiento no es nuevo. De hecho, el PSOE ya había anunciado que a partir de septiembre impulsará medidas parlamentarias y judiciales para investigar estos contratos, así como las supuestas comisiones recibidas por la pareja de Ayuso en relación con contratos de material sanitario durante la pandemia.
Por su parte, el PP ha acusado al PSOE de utilizar estas denuncias como parte de una estrategia política, en un círculo vicioso que ha generado hartazgo entre muchos ciudadanos españoles. En medio de este escenario, el rey Felipe VI se ha visto obligado a actuar como árbitro, interviniendo frecuentemente para mediar en los conflictos entre gobierno y oposición, lo que para muchos españoles resulta vergonzoso.
El PSOE ha afirmado que, si no se reciben las explicaciones exigidas, tomará medidas para asegurar que los impuestos de los gallegos y madrileños sean gestionados de manera transparente y adecuada. Asimismo, han solicitado aclaraciones a Ayuso sobre contratos adjudicados a la empresa Quirón Salud, que supuestamente está vinculada a comisiones de material sanitario y otros asuntos financieros no esclarecidos.
La situación refleja un clima político tenso, donde las acusaciones cruzadas entre los dos principales partidos no solo afectan la imagen de las instituciones, sino que también minan la confianza de los ciudadanos en sus líderes políticos.
